75 ONG piden a Mariano Rajoy un nuevo Plan de Derechos Humanos

A raíz de una iniciativa compartida con Amnistía Internacional y la Fundación Triángulo, y que ha conseguido movilizar hasta 75 organizaciones, el Institut de Drets Humans de Catalunya (IDHC) ha reclamado al presidente del Gobierno la aprobación de un II Plan de Derechos Humanos que pueda ser impulsado y consolidado a partir de la actual legislatura. El apoyo a esta petición ha contado con la unanimidad de un amplio y variado espectro representativo de las entidades de la sociedad civil del país, tanto de derechos humanos como de cooperación o entidades sociales, que han querido recordar en la carta abierta que hoy mismo se ha enviado a Mariano Rajoy la necesidad de que el nuevo Plan mantenga los derechos humanos en un lugar prioritario para el gobierno español, y garantice la aplicación de una serie de medidas concretas, tanto en política interior como exterior, así como indicadores medibles y objetivos claros.

Las entidades abajo firmantes consideran clave dar una mayor difusión a la importante medida que supone la adopción de este II Plan, tanto para conseguir una participación activa de la sociedad civil, como para que el proceso de elaboración del nuevo Plan avance con paso firme hacia el compromiso gubernamental en la promoción y protección de los derechos humanos, tanto en España como en el resto del mundo.

El primer Plan de Derechos Humanos, una medida recomendada por las Naciones Unidas y a la que se había comprometido el Estado Español desde 1993, fue presentado por el Gobierno de Zapatero y aprobado en 2008. Una vez agotada la legislatura se hace necesaria la formulación de un nuevo Plan que revise la metodología y el contenido del anterior. Como parte integrante del grupo de entidades catalanas relacionadas con el ámbito de los derechos humanos que en los últimos meses han ido estudiando y valorando la aplicación del primer Plan, el IDHC confía en que, entre otros avances, con la materialización del II Plan se pueda llegar a establecer un diálogo mucho más abierto y fluido con la sociedad que permita la incorporación y aplicación de medidas sobre, entre otras, la eliminación del régimen de incomunicación, la situación de los CIEs, el derecho a la vivienda o la ratificación del Convenio de Naciones Unidas de Protección de los Derechos de los Trabajadores Migrantes y sus familias.