El 20 de Abril de 2012 el gobierno Español promulgó el Real Decreto-Ley 16/2012 con el que se introducen diferentes modificaciones legislativas en el sistema sanitario público. El mencionado Decreto Ley, entre otras medidas, elimina el reconocimiento del derecho a la asistencia sanitaria a las personas extranjeras sin autorización de residencia en España. La Ley de extranjería vigente antes de la modificación, establecía que los inmigrantes irregulares registrados en el municipio tenían derecho a acceder a la asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los nacionales del país. La nueva legislación limita el acceso a los servicios de salud para migrantes en situación irregular en España garantizando exclusivamente la cobertura sanitaria en casos de urgencias, maternidad y menores de edad.
Estamos en contra de lo expuesto en artículo 3 ter. del Real Decreto-Ley 16/2012 que despoja del derecho de atención sanitar i a a los inmigrantes en situación administrativa irregular.
Se calcula que con este Real Decreto-Ley, un as 150.000 personas se quedarán sin recibir servicios de salud preventivos y curativos que son esenciales.
Anticipándose a la celebración de la sesión parlamentaria del 17 de mayo de 2012, la coalición formada por organizaciones de profesionales y de la sociedad civil internacionales, europeas y españolas, insta a los miembros españoles del Parlamento a que respeten la dignidad humana, las necesidades de salud pública y la ética médica mediante su voto en contra del articulo 3 ter. de la Sección I del Real Decreto-Ley 16/2012 de 20 de abril de 2012, defendiendo así el derecho de todos los seres humanos a recibir servicios sanitarios básicos.
Violación de las obligaciones éticas de los profesionales de la salud
Las medidas introducidas por el Real Decreto requerirán la colaboración de profesionales de la salud para llevar a cabo el mandato legal de las autoridades de inmigración, y les obligarán a seleccionar a los pacientes en base a su condición de inmigración, en lugar de su estado de salud. Estas medidas, además de oponerse a la ética profesional de los trabajadores de la salud, de consumir su tiempo y de ser estresantes, apartarán a estos profesionales de su cometido primordial, que es la prestación de asistencia sanitaria. La experiencia en otros países demuestra que a pesar de los imperativos legales, los profesionales de la salud hacen grandes esfuerzos para cumplir con sus obligaciones éticas, proporcionando servicios a todos los pacientes que necesitan atención, lo que pone una enorme presión sobre los médicos, la gestión del hospital y otros pacientes y, a menudo, obliga a los médicos a cometer un fraude con el objetivo de ocultar la inversión de tiempo y recursos que se ha hecho al atender a los pacientes en situación irregular.
La Declaración de Lisboa de la Asociación Médica Mundial sobre los Derechos del Paciente afirma que “Toda persona tiene derecho, sin discriminación, a una atención médica apropiada... (y que) los médicos y otras personas u organismos que proporcionan atención médica, tienen la responsabilidad conjunta de reconocer y respetar estos derechos. Cuando la legislación, una medida del gobierno, o cualquier otra administración o institución niega estos derechos al paciente, los médicos deben buscar los medios apropiados para asegurarlos o restablecerlos”.
La Declaración Europea de los Profesionales de la Salud afirma además: "...No debemos permitir nunca que la discriminación afecte negativamente a los tratamientos que ofrecemos. Nosotros sólo somos responsables de defen der nuestras obligaciones éticas, y no se nos disuadirá de hacerlo."
Todos los pacientes tienen derecho a recibir atención y tratamiento para satisfacer sus necesidades clínicas. La obligación de atender a una persona enferma no puede ser revocada por su estatus migratorio.
Entre los costos de no prestar atención sanitaria preventiva y curativa se incluirá un uso excesivo de los servicios de urgencias, y el costo incurrido al excluir a personas de estos servicios será, en última instancia, mucho más alto que el costo de incluir a estas personas en el sistema sanitario.
Las organizaciones de la sociedad civil condenan enérgicamente cualquier plan para segregar a los pacientes dentro del sistema sanitario
La sociedad civil se opone a la creación de un sistema de salud paralelo y defiende la importancia de la igualdad al recibir servicios sanitarios. La creación de un sistema separado para los inmigrantes en situación irregular debilitará los cimientos básicos de los derechos humanos, el derecho a la igualdad y a la no discriminación. Un sistema paralelo crearía además una enorme carga sobre las organizaciones de la sociedad civil que no pueden y que no deberían adoptar la tarea de prestar servicios sanitarios básicos a las personas que necesitan atención medica.
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