En solidaridad con el pueblo palestino. Manifiesto de apoyo a la jurisdicción universal

Las organizaciones sociales, grupos de solidaridad, ONG de desarrollo y asociaciones de derechos humanos, así como las personas del ámbito académico y jurídico, enumeradas abajo:

AFIRMAMOS nuestro respaldo a la decisión adoptada el pasado día 29 de enero por el Juzgado Central de Instrucción nº 4 de la Audiencia Nacional de España, de admitir a trámite la querella criminal interpuesta contra siete altos oficiales del Ejercito Israelí, incluyendo al ex Ministro de defensa israelí Benjamin Ben Eliezer y el entonces Comandante de las Fuerzas Aéreas Israelíes Dan Halutz. El hecho denunciado es el lanzamiento de una bomba de una tonelada contra la vivienda de un dirigente del Hamas, matando además a 14 civiles palestinos – la mayoría de ellos bebés, niños y niñas-, hiriendo a otros 150 personas, 78 de ellas con heridas graves y muy graves, y destruyendo totalmente ocho casas y parcialmente otras 30 casas.

EXPRESAMOS nuestra perplejidad ante la petición presentada por el Fiscal Pedro Martínez Torrijos ante la Audiencia Nacional para que ésta archivara dicha querella, alegando que el caso está siendo investigado en Israel. Como menciona el texto de la querella, resulta difícil admitir los argumentos de proporcionalidad y distinción aducidos por el Tribunal Supremo Israelí en una sentencia emitida con respecto a la política de asesinatos selectivos. La suspensión reiterada de la investigación solicitada por el movimiento israelí Yesh Gvul en relación al asunto objeto de la querella, motivó la presentación y admisión de ésta por la Audiencia Nacional española. El abogado encargado de la querella, como menciona este periódico, denuncia que la decisión de la Fiscalía ignora la legalidad española para satisfacer al Gobierno israelí, ya que la comisión de investigación en Israel, tiene un carácter administrativo y no judicial. Por tanto, no puede ser considerada como una investigación abierta.

CONFIAMOS en que la persecución de los crímenes de guerra, lesa humanidad, genocidio y otros crímenes perpetrados contra la humanidad en su conjunto, puede acabar con la impunidad en el mundo. Por ello, y en respuesta a las amenazas profesadas en su contra, hacemos este pronunciamiento público en defensa del principio y ejercicio de la jurisdicción universal contra este y todos los demás crímenes de guerra que no puedan ser perseguidos en el territorio donde se hayan cometido.

TAMBIÉN RECORDAMOS que en calidad de país firmante de los Convenios de Ginebra de 1949 sobre Derecho Internacional Humanitario y del Protocolo Adicional I a dichos Convenios, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales, España tiene la obligación de mantener intacto en su legislación el principio de jurisdicción universal para juzgar a los responsables de la comisión de crímenes de guerra. Por ello, consideramos que cualquier modificación legal que tenga como consecuencia limitar los derechos de las víctimas y las obligaciones del Estado deberá ser considerada un retroceso en el ejercicio de la justicia y un encubrimiento de los crímenes tipificados por el Derecho internacional.

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