Ya hemos llegado a la recta final del juicio oral al juez Garzón en el Tribunal Supremo. Un juicio contra uno de los pocos jueces del Poder Judicial español que ha calificado como criminales a los rebeldes, civiles y militares, que se alzaron contra la II República en julio de 1936, así como a su política de exterminio.
Atendiendo a la demanda de tutela judicial de numerosas asociaciones ciudadanas, el 16 de octubre de 2008 el juez Baltasar Garzón se declaró competente para investigar los crímenes del franquismo. Inició, entonces, un proceso de investigación sobre los desaparecidos como consecuencia de la represión franquista, aplicando los progresos del Derecho penal internacional dirigido a proteger y sancionar las violaciones de los derechos humanos más elementales.
Según el Derecho penal internacional, se establece la prohibición de toda impunidad y prescripción de los crímenes contra la humanidad, los crímenes de guerra y el genocidio. Delitos que, por tanto, no pueden ser objeto de amnistía, olvido y perdón. Queda así desautorizado aquel Estado que adopte normas y otras disposiciones que impidan la persecución de los delitos de esta magnitud.
Por eso se anuló la Ley de punto final y obediencia debida en Argentina; o la Audiencia Nacional pudo procesar a Pinochet y juzgar a Scilingo, entre otros. Por eso, también, la Ley de Amnistía española de 1977, como ha indicado el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, no puede amparar la impunidad y la falta de investigación de esos delitos.
Sin embargo, cuando la mirada de la justicia española se ha posado en nuestro pasado histórico reciente la respuesta ha sido otra. De ahí que la demanda de Manos Limpias, heredera directa del franquismo, contra el juez Garzón, acusándolo de prevaricación por pretender investigar los crímenes del franquismo haya sido aceptada por el Tribunal Supremo. Lo que, de momento, ha supuesto, la interrupción de esta investigación, la separación del juez y el riesgo de su condena.
Si la condena al juez Garzón se llevara a cabo, supondría una denegación de justicia particularmente grave para las víctimas del franquismo que el juez había amparado; y en cierto sentido, un segundo entierro de las personas desaparecidas; así como un mayor olvido respecto del secuestro de miles de niños en la época.
Asimismo implicaría todavía más obstáculos frente a la pretensión de anulación de las sentencias de los consejos de guerra y otras jurisdicciones franquistas, como por ejemplo el TOP. Un desprecio de la independencia de los jueces en su función de interpretar las leyes y una conculcación del derecho penal internacional, instrumento indispensable para ofrecer una protección frente a violaciones de los derechos humanos.
En resumen, una brillante contribución para reforzar la impunidad de la que ha gozado durante tanto de tiempo la dictadura franquista, y un gran desconocimiento del Estado democrático y de Derecho previsto en la Constitución española.
Los que entendemos la democracia como un proceso que debe avanzar en materia de derechos, participación ciudadana auténtica e igualitaria, pensamos que examinar públicamente los crímenes del franquismo contra los defensores del régimen legítimo republicano, hacer justicia y reparar el daño a las víctimas es un camino imprescindible. Cómo también lo es restablecer la memoria de la resistencia antifascista en vistas a una cultura que merezca ser calificada como democrática.
Por eso pedimos
¡Continuidad en la instrucción de las causas por los desaparecidos y los niños secuestrados del franquismo, de acuerdo con el derecho penal internacional!
Enlaces relacionados
Manifiesto Contra la impunidad de la dictadura franquista. Justicia para las víctimas y para el juez Garzón
