El sistema árabe de derechos humanos nace en el marco de la Liga de los Estados Árabes (LEA), fundada en 1945 en El Cairo, por los Estados de Egipto, Irak, Jordania, Líbano, Arabia Saudita, Siria y Yemen. El 24 de mayo de 2004 la LEA adopta la Carta Árabe sobre los Derechos Humanos (la “Carta” o la “Carta Árabe”) en el marco de su XXVI Cumbre en Túnez, que entró en vigor en marzo de 2008.
El preámbulo de la Carta sienta sus principios en la religión islámica y en el valor de la dignidad humana, esta última que entiende honrada por Dios al crear el mundo árabe, confirmando el derecho a la vida digna basada en la libertad, justicia y equidad.
La Carta Árabe crea el Comité de Derechos Humanos, organismo encargado de examinar los informes presentados por los Estados parte en relación a las medidas que hayan adoptado para dar efecto a los derechos y libertades reconocidos en la Carta y a los progresos realizados en su disfrute. El Comité emite comentarios finales y recomendaciones que se incluyen en el informe anual al Consejo de la LEA.
Las facultades del Comité son meramente recomendatorias: carece de capacidad interpretativa como también de facultades para recibir quejas o reclamaciones de las personas afectadas por violación a sus derechos conforme la Carta.
El 7 de septiembre de 2014 el Consejo de Ministros de la LEA adoptó el Estatuto de la Corte Árabe, que a la fecha no ha entrado en vigor. La Corte tendrá su sede en Manama (Bahréin) y su competencia versará sobre los casos derivados de la aplicación e interpretación de la Carta Árabe o cualquier otro tratado árabe de derechos humanos de los que los Estados denunciados sean parte.
El sistema árabe de derechos humanos cuenta con otros mecanismos de protección de derechos humanos como la Comisión Permanente de Derechos Humanos, que monitorea el cumplimiento de los Estados parte en materia de derechos humanos, organiza conferencias especializadas, participa en la redacción de documentos, se relaciona con organismos internacionales, colabora con los Estados parte a petición de los mismos; o el Departamento de Derechos Humanos que apoya la labor de la Comisión Permanente y del Comité de Derechos Humanos.