Carta al Ministre de l'Interior i al Director General de la Guardia Civil sobre el projecte Law-Train

A iniciativa de l'Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE), un grup d'entitats de drets humans format per la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), l'Asociación Libre de Abogados (ALA), l'Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), el Centre de Drets Humans Irídia i l'Institut de Drets Humans de Catalunya, vam enviar una carta al ministerio de l'interior i a la direcció general de la guardia civil  per mostrar la nostra preocupació sobre la participació d'Espanya al projecte Law Trian. Al tractarse d'un projecte que es desenvolupa en gran mesura al territoris ocupats, la participació suposa la legitimació de les vulneracions de drets humans que es produeixen al territori per part de l'estat d'Israel.

Text de la carta

Como organizaciones de la sociedad civil, le transmitimos nuestra preocupación sobre  el proyecto LAW TRAIN,  enmarcado  en  el  programa  europeo  de financiación Horizonte 2020, en el que participa la Guardia Civil en España, así como instituciones de Bélgica.

Como usted sabe, su implementación abarca un periodo de tres años, desde el 1 de mayo de 2015 hasta el 30 de abril de 2018, y está dotado de un presupuesto de 5.095.687,5 €, de los cuales la mitad será destinada a las instituciones israelíes a cargo de su coordinación.

Aunque el objetivo de este proyecto es el desarrollo de tecnologías para la homogeneización de los métodos de interrogatorio de la policía en la lucha contra la criminalidad transnacional,  existen varios  motivos de peso para oponernos a su desarrollo.

En primer lugar, el Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura denunció, en un informe publicado el 13 de mayo de 2016, la utilización por Israel de la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes en los interrogatorios de prisioneros palestinos por la policía y el personal penitenciario.

En segundo lugar, la sede central de la policía nacional israelí se sitúa en Jerusalén Este, esto es, en territorio palestino ocupado.

Es decir, que la coordinación del proyecto a cargo de instituciones de Israel no sólo resulta política y éticamente inaceptable, sino que también es legalmente problemática.

La participación de las fuerzas de seguridad españolas es aún más controvertida cuando el Ministerio del Interior y la Guardia Civil tienen el deber de velar por la vida e integridad física de las personas a quienes detuvieren, o que se encontraren bajo su custodia.

La permanencia de España en este proyecto implica la legitimación de las violaciones del derecho internacional, y colisiona con la Opinión Consultiva de la  Corte  Internacional  de  Justicia  sobre  las  consecuencias  jurídicas  de  la construcción de un muro en el territorio palestino ocupado, así como con el reciente comentario del Comité Internacional de la Cruz Roja sobre el primer artículo común a los cuatro Convenios de Ginebra.

Por todo ello le instamos a que las instituciones españolas se retiren del proyecto, como así lo ha hecho el Ministerio de Justicia de Portugal ante la conflictividad que plantea su desarrollo.

Asimismo,  instamos a que se establezcan medidas de prevención para evitar que nuestro país suscriba futuros proyectos de características similares, de acuerdo con sus obligaciones en materia de derechos humanos.

Esperando su pronta respuesta, le saluda atentamente

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