Carta a la presidencia de la UE, El derecho al voto, primer paso para lograr una Europa democrática e inclusiva

En la Unión Europea el avance de los derechos políticos de las personas residentes extracomunitarios, sigue siendo una asignatura pendiente. En buena medida, ello es consecuencia del Tratado de Maastricht que vincula la ciudadanía europea a la nacionalidad de uno de los estados miembros de la UE, instaurando así una discriminación de derechos, vinculada exclusivamente a la nacionalidad. El reciente Tratado de Lisboa confirma lamentablemente esta situación.

Las organizaciones abajo firmantes, consideramos necesario que la ciudadanía europea se vincule a la residencia, en las condiciones que se establezcan, y no necesariamente a la nacionalidad de uno de los estados miembro. De los 27 países de la Unión Europea, sólo 8 tienen una población superior a los más de 15 millones de extranjeros no comunitarios que residen en el territorio de la Unión. No se puede simultáneamente proclamar que la base sobre la que se construye la Unión se fundamenta en los principios de la igualdad y la democracia y al tiempo excluir a millones de sus habitantes de la participación política.

Varios países han ampliado el derecho de voto en las elecciones locales a los extranjeros no comunitarios, algunos de ellos incluyendo el sufragio pasivo. En el Reino Unido, los nacionales de la Commonwealth tienen el derecho de voto activo y pasivo en todos los comicios, y en consecuencia también en los municipales y europeos.

Las Conclusiones de la cumbre europea de Tampere del 16/10/1999, “Hacia una Unión de libertad, seguridad y justicia” van en esta misma línea. Sin hablar de ciudadanía o derecho de voto, afirman: “El estatuto jurídico de los nacionales de terceros países debería aproximarse al de los nacionales de los Estados miembros. A una persona que haya residido legalmente en un Estado miembro durante un periodo de tiempo por determinar y que cuente con un permiso de residencia de larga duración, se le debería conceder en ese Estado miembro un conjunto de derechos de carácter uniforme lo más cercano posible al de los ciudadanos de la Unión “.

A pesar de ser una organización externa a la Unión, es pertinente señalar que el Consejo de Europa auspició el Convenio Europeo sobre la participación de los extranjeros en la vida pública y local, donde se promovía el reconocimiento del derecho de sufragio en el ámbito local de los residentes extranjeros. Todos los Estados miembros de la Unión pertenecen al Consejo y varios de ellos han ratificado el convenio.

Por todo lo anterior, queremos proponerle que plantee en el último Consejo Europeo que se celebrará durante la presidencia de turno española (17 y 18 de junio en Bruselas) la reforma del Tratado de Lisboa en aras de atribuir la ciudadanía de la Unión, y por ende el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales y europeas, a todos los residentes en la Unión Europea independientemente de su nacionalidad. Sería una buena ocasión de enmendar la oportunidad perdida en este ámbito que supuso el Tratado de Lisboa y, a los ojos del resto del mundo, un importante avance de la Unión hacia la igualdad, el respeto a los derechos humanos y la democracia.

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Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía

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