Las entidades y colectivos que trabajan por los derechos humanos en Cataluña manifiestan su preocupación respeto al proceso de aprobación del Plan Nacional de Derechos Humanos del Gobierno español. El documento al que hemos tenido acceso recientemente y que, según se apunta, se podría aprobar el próximo 10 de diciembre, responde no sólo a un compromiso elector de la pasada legislativa, sino también a un compromiso internacional adquirido por el presente gobierno.
Las Naciones Unidas recomiendan que los Planes Nacionales de Derechos Humanos incluyan en su proceso de elaboración el mayor número de actores posible, especialmente de la sociedad civil y las entidades sociales. En este sentido, queremos expresar nuestra opinión respecto de los siguientes elementos:
·La difusión del borrador ha sido pobre y sesgada. Sólo una de las entidades abajo firmantes la han recibido directamente. Sabemos que también se ha trasmitido a Amnistía Internacional y a la Federación de Asociaciones de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos-España. Numerosas entidades de larga tradición de defensa de los derechos humanos, tanto a escala española como catalana, han quedado excluidas de la interlocución con el Gobierno sin ningún motivo aparente.
·El borrador se hizo circular el día 19 de noviembre, con la petición de hacer llegar los comentarios y opiniones antes del día 1 de diciembre. Los términos planteados no son realistas y en ningún caso se pueden considerar un verdadero proceso consultivo. La amplitud y complejidad de las cuestiones que se tratan requerían un periodo de análisis, reflexión y puesta en común mucho más extenso.
·A pesar de estas deficiencias, muchas entidades del ámbito catalán y español han hecho llegar sus comentarios y sugerencias al Gobierno español con la voluntad de mantener la interlocución e intentar hacer aportaciones constructivas al objetivo común de aprobar el mejor Plan Nacional de Derechos Humanos posible: realista, completo e inclusivo. Apoyamos todos los esfuerzos e iniciativas que se están llevando a cabo en este sentido.
·Respecto a la letra del borrador, y sin afán de ser exhaustivo ni de entrar en todos los temas planteados, creemos necesario destacar algunos aspectos generales especialmente preocupantes:
·Este documento debería de incluir los objetivos, medidas, indicadores, presupuesto y calendario en materia de derechos humanos para los próximos años, tal y como indica el Manual para Planes Nacionales de Derechos Humanos de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y basarse en mayor medida en la Constitución. Al documento al que hemos tenido acceso le falta una metodología clara que permita hablar de un verdadero plan de acción: objetivos, medidas calendarizadas, presupuesto, etc... Tampoco aparece un diagnóstico cualitativo y cuantitativo que permita después valorar los eventuales avances.
·Hay temas fundamentales en la defensa y promoción de los derechos humanos a escala nacional que no aparecen o lo hacen de manera tangencial, sin el carácter vertebrado que merecen, en la medida en que son las verdaderas cuestiones clave de derechos humanos en nuestra casa: el trato a las personas inmigradas; la reforma de la ley de asilo; las recomendaciones de instancias internacionales respecto a la práctica de la tortura y los maltratos en nuestras comisarías y prisiones; el acceso a una vivienda digna como un derecho humano fundamental; la incorporación del eje de derechos humanos en la política de cooperación al desarrollo, el compromiso firme por los derechos sociales y su exigibilidad en sede jurisdiccional... En fin, el Plan resulta, en muchos aspectos sustantivo, decepcionante.
·En lo referente al seguimiento, sólo se apunta la creación de una comisión de seguimiento con participación de la sociedad civil, pero sin concretar como será la selección de sus miembros y el mandato que tendrá.
Desde hace años hemos manifestado nuestra voluntad de colaboración con el Gobierno mediante un diálogo constructivo y enriquecedor que sirva para mejorar la política estatal e internacional de España en materia de reconocimiento y protección de los derechos humanos. Es por eso que esperamos que este proceso se pueda corregir y mejorar antes de que el Plan se apruebe y que se utilice esta oportunidad para poner en marcha verdadero proceso participativo con la sociedad civil.
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