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Incidencia | Miércoles, 26 de noviembre de 2014

España: leyes liberticidas que conciernen también Europa

Comunicat de l'Associació Europea de Drets Humans (AEDH)


El 17 de Octubre pasado, los diputados del Partido Popular, partido gobernante en España, únicamente con sus votos de mayoría absoluta, han adoptado el proyecto de Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana y han rechazado todas las enmiendas a la totalidad presentadas por los varios partidos de la oposición. Ayer martes fue votada en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados, pasando a mediados de diciembre a votarse en el Pleno del Congreso, con lo que se prevé su entrada en vigor antes de fin de año.

La Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana prevé la introducción de 21 nuevos delitos y sanciones elevadas para acciones vinculadas con la protesta social, aumentando al mismo tiempo la discrecionalidad policial para aplicar medidas como la identificación de las personas, los registros corporales, las posibilidades de entrada y registro en domicilios particulares o de limitar el derecho a libre circulación. El poder de las fuerzas del orden sería además reforzado por el hecho de que se sancionará sacar fotos de las actuaciones policiales durante manifestaciones.

El Proyecto ha sido puesto en marcha por el Partido Popular con el evidente objetivo de reprimir las movilizaciones contra las políticas económicas “austericidas” y sus consecuencias sobre los derechos. Este proyecto perjudica la libertad de reunión pacífica y forma parte de un paquete de medidas en trámite parlamentario, como la Reforma del Código Penal, la Ley de Enjuiciamiento Criminal o la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, dirigidas a obstaculizar las libertades civiles y a castigar la protesta social pacífica.

La Asociación Europea de Derechos Humanos (AEDH) y sus organizaciones socias en España, el Institut de Drets Humans de Catalunya (IDHC) y la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) manifiestan su claro rechazo porque se trata, a su juicio, de un Proyecto de ley represivo de las libertades públicas y a los derechos humanos. Este Proyecto es dudosamente compatible con los Tratados internacionales y europeos, tal como la Carta de Derechos Fundamentales de la UE o la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

La AEDH denuncia también el acto de fuerza que llevó a la introducción por el gobierno en el último minuto una enmienda que modifica otra ley orgánica, la Ley de Extranjería, para legalizar lo que se llama comúnmente ahora en España, casi banalmente, las “devoluciones en caliente”. Esta práctica consiste en expulsar inmediatamente hacía Marruecos los inmigrantes que han conseguido a cruzar las vallas de Ceuta y Melilla. Pero esta práctica es ilegal y viola el derecho de asilo y el principio de no-devolución. Las asociaciones de defensa de los derechos humanos han denunciado reiteradamente estas actuaciones y aún dentro de la UE suscitó diversas reacciones contrarias.

La AEDH afirma que no es solo un asunto interno a España sino también que la adopción de este Proyecto de ley tiene consecuencias al nivel europeo. En los dos casos, la limitación de las libertades públicas y la privación ilegal de derechos para los inmigrantes, los gobiernos de la UE iniciaron una política de autoridad y de cierre, allí para la lucha anti-terrorista, aquí contra la “invasión exterior”, y por fin en nombre de la preservación de una supuestamente identidad nacional. Es así que se está produciendo de forma creciente en toda Europa un endurecimiento de leyes de excepción que limitan los derechos civiles y políticos. Es así que ocurren violencias y violaciones de los derechos humanos que tienen lugar cotidianamente en las fronteras de Ceuta y Melilla. Es así que en los departamentos de Ultramar, Francia viola la jurisprudencia de la CEDH negando que las apelaciones a las decisiones de expulsión sean suspensivas (este párrafo no se entiende). Es así que la insularidad geográfica de Gran Bretaña se convierte en violación flagrante de los derechos de las personas. Es así que, los inmigrantes son encerrados y bloqueados fuera de toda legalidad en zonas sin derecho ni ley. Es así que, en todas partes, disposiciones de excepción con respecto a la circulación de las personas, de control, de creación de documentos centralizados y inter-conectados, son discutidas en debate parlamentario o incluso tomadas reglamentariamente.

La AEDH apoya las acciones realizadas por las asociaciones españolas, como la APDHA y el IDHC, para exigir la devolución al Gobierno del Proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana y la retirada de la execrable enmienda llamada “devoluciones en caliente”. La AEDH pide también que sea abierta una investigación oficial al nivel europeo sobre las situaciones de ilegalidad de Ceuta y de Melilla, pero también en todas las fronteras de la UE. Por fin, la AEDH pide a los diputados europeos de estar atentos y activos frente a la multiplicación de las disposiciones legislativas o reglamentarias de excepción en materia de libertas públicas.

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