El colectivo inmigrante es uno de los que más está sufriendo las consecuencias de la crisis económica actual: paro, precariedad, dificultad para regularizar su situación. Sin embargo, varias medidas y declaraciones políticas que están apareciendo en los medios últimamente culpabilizan a los / las inmigrantes de esta situación. Por ello, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) y el Instituto de Derechos Humanos de Cataluña (IDHC) denuncian el fomento de este clima de racismo y xenofobia, que puede generar un grave problema de convivencia.
Ante la grave y prolongada crisis social y económica que vive el país se pretende responsabilizar al colectivo inmigrante de ser una de las causas y / o agravantes de la misma. Pero la realidad nos demuestra lo contrario. Los inmigrantes sufren con mayor intensidad las consecuencias de la crisis: proporcionalmente registran la mayor tasa de paro, son víctimas del recorte del presupuesto destinado a su integración, no tienen redes de protección familiar y se enfrentan a condiciones más rígidas para regularizar su residencia.
Las estadísticas oficiales confirman que las personas de nacionalidad extranjera empadronadas en España suman 5.700.000, el 12.2% de la población. Los extranjeros, con o sin papeles, que España demandó en sus épocas de bonanza y que contribuyeron al crecimiento económico en los últimos años, se convierten ahora en el chivo expiatorio del paro y de otros problemas sociales. Parece desvanecerse el irrefutable argumento de que es necesario un mayor número de trabajadores extranjeros para contribuir al crecimiento demográfico y asegurar así el mantenimiento del estado de bienestar y, especialmente, del sistema de pensiones.
Hace dos años empezaron a aparecer con fuerza los síntomas de la actual situación de crisis social y económica. Los colectivos sociales apelamos entonces a laresponsabilitat los agentes políticos en el tratamiento del fenómeno migratorio. El contexto de crisis global que vivimos es especialmente delicado y propicio para que surjan peligrosos brotes de racismo y xenofobia.
Desgraciadamente, estos llamamientos han tenido un escaso eco. Continuamente se señala directa o indirectamente, a la inmigración en Europa y en España como un factor agravante de la crisis. En este contexto se enmarcan las reformas legislativas que se han realizado en los últimos años, como la Directiva retorno europea, conocida como Directiva de la vergüenza, o la reciente reforma de la Ley de Extranjería española. Medidas que restringen drásticamente los derechos del colectivo inmigrante.
La criminalización de la inmigración sigue calando en el debate político y en el marco normativo. Recientemente se ha iniciado una espiral de declaraciones públicas y propuestas políticas muy alarmantes, ya que fomentan el rechazo social hacia nuestros conciudadanos y conciudadanas inmigrantes. Señalemos brevemente en el manifiesto adjunto aquellas de mayor gravedad.
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