Rechazamos la represión, sobre todo si se interpone en labores de observación de Derechos Humanos

Las organizaciones y colectivos que formamos parte de la plataforma Defender a quién Defiende manifestamos nuestro rechazo absoluto a la represión e imposición de sanciones a las personas que realizan labores de observación de Derechos Humanos (DDHH).

En concreto, nos referimos a la represión ejercida y sanciones impuestas por la Guardia Civil el pasado 31 de enero a cuatro personas pertenecientes al grupo de observación de Frontera Sur de las entidades Irídia, Fotomovimiento y Novact, durante las tareas de documentación gráfica en el paso fronterizo del Barrio Chino en Melilla.

En este paso fronterizo se pueden observar diariamente las actividades de porte que realizan personas procedentes de Marruecos trasladando mercancías desde suelo español hasta territorio marroquí. Esta actividad representa un marco de vulneración de Derechos Humanos que pueden ser identificados y observados a simple vista en el espacio público.

Por ello, DESTACAMOS:

• Es inadmisible que las labores de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado consistan en entorpecer y sancionar el trabajo de las personas y organizaciones que trabajan en la defensa de los DDHH, aplicando para ello la Ley Mordaza que nuevamente se revela como una herramienta destinada al quebranto de los derechos fundamentales individuales y colectivos.

• Es necesario visibilizar estas actuaciones represivas, ya que tanto en investigaciones realizadas por organizaciones independientes sobre el fenómeno de las personas que portan mercancías como en las imágenes captadas por el mencionado equipo anteriormente, se pueden observar acciones claramente cuestionables en cuanto al respeto a los DDHH por parte de la Guardia Civil y la Policía Nacional.

De este modo

• Reclamamos nuevamente la derogación de la Ley Mordaza, siendo este caso una clara demostración del objetivo represor de su vigencia.

• Llamamos la atención sobre las dificultades de las personas que realizan la defensa de derechos humanos en el territorio español y, especialmente, el foco de vulneración de derechos de toda índole que supone la gestión actual de la Frontera Sur de Europa.

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