Recuperamos la Ley 24/2015, de medidas urgentes para hacer frente a la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética

La situación de emergencia habitacional y de pobreza energética que sufrimos desde 2008 continúa destrozando la vida y condenando a la pobreza a miles de personas y familias cada día a casa nuestra. Escandalosamente, lejos de revertir, la tendencia es a aumentar afectando especialmente a las familias que viven en régimen de alquiler. 
En Cataluña continúa habiendo diariamente 61 desahucios, el 65% de los cuales son de alquileres, siguen los de hipoteca y aumentan los de familias que acceden precariamente a viviendas vacíos.

También en Cataluña, el Parlamento aprobó la Ley 24/2015, de 29 de julio, de medidas urgentes para hacer frente a la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética. Una de la leyes más garantistas contra la exclusión residencial a todo el Estado y en Europa, nacida de la Iniciativa Legislativa Popular de vivienda impulsada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, la Alianza contra la Pobreza Energética y el Observatorio DESC, que contó con un amplio apoyo social – cerca de 150.000 firmas- y que fue aprobada por unanimidad de los grupos parlamentarios.

Garantizó una segunda oportunidad a las familias, se pararon miles de desahucios, aumentó el parque de vivienda pública, se aseguraron realojos adecuados y también aseguró el acceso a los suministros básicos con una protección más extensiva que el Bono social.

Con la 24/2015, los Ayuntamientos, las administraciones que más directamente conocen y atienen las personas en todo el territorio catalán, dispusieron de herramientas efectivas, redistributivas y justas para hacer frente a las necesidades de vivienda de sus municipios. La Ley 24/2015 hace efectivo el cumplimiento de la función social de la vivienda: permite ampliar el parque de viviendas con la cesión obligatoria de las viviendas en manos de grandes tenedores, parar los desahucios con alquileres sociales y los cortes de suministros.

Las personas afectadas y quienes trabajamos cada día enfrentando el problema de la vivienda sabemos que esta Ley es un instrumento imprescindible para parar y revertir la exclusión residencial. La parte de articulado en lo referente a la vivienda demostró durante los 9 meses de vigencia su potencia con la parada de más de 10.000 desahucios; si no hubiera sido suspendida, desde entonces hasta hoy hubiéramos podido parar unos 35.000 desahucios más. Las medidas contra la pobreza energética han conseguido parar más de 82.500 cortes de suministros.

El Gobierno de Mariano Rajoy y del PP, en lugar de garantizar el derecho básico a una vivienda digna a que lo obliga el arte. 47 de la Constitución y los tratados internacionales de defensa de los derechos humanos que ha ratificado, actuó premeditadamente en contra de la protección de este derecho y a favor de los intereses privados de la banca y los fundes buitre interponiendo, paradójicamente, un recurso de inconstitucionalidad contra la mayoría de los artículos referentes a la vivienda. El Tribunal Constitucional admitió el recurso y ordenó la suspensión de parte de la ley a la espera de una sentencia que encara no ha llegado. La presión social salvó las medidas de pobreza energética.

De este modo, la sangría de desahucios tiene que ser atendida sólo con recursos públicos, mientras la banca, rescatada con dinero público, continúa acaparando recursos sin ningún regreso social, enriqueciéndose desmesuradamente a pesar de ser parto responsable de la mala praxis bancaria y la emergencia que sufre la población.

Actualmente, las Mesas de Emergencias no cumplen su función urgente y acumulan casos con esperas de más de 6 meses. 5.000 solicitudes recibidas a las Meses de emergencias desde que entró en vigor la 24/2015 y sólo 2.689 solicitudes con vivienda adjudicada. Tan sólo en Barcelona hay 360 familias esperando una vivienda adjudicada hace más de 9 meses.

Por otro lado, el parco público no llega al 2%, la movilización de vivienda social ha sido muy por debajo de las necesidades de la población catalana y la lista de espera para acceder a una vivienda de protección oficial es de 115.634 familias. La carencia histórica de un verdadero parque de vivienda asequible significa un incumplimiento de la Ley del derecho a la vivienda, que marca la necesidad de lograr un 15% del parque social aumentando en 235.000 viviendas antes del 2030.

La ciudadanía, los movimientos sociales, las entidades sociales y profesionales y los Ayuntamientos manifestamos nuestro pleno apoyo a la Ley 24/2015. Exigimos la retirada del recurso de inconstitucionalidad por parte del nuevo Gobierno presidido por Pedro Sánchez, así como la priorización en la agenda pública de esta necesidad por parte del Gobierno de Cataluña, sumado a su posterior aplicación total, efectiva e inmediata, incluidos los convenios con las suministradoras para que asuman las deudas de las familias en exclusión residencial atendidos sus altos beneficios.

Es un consenso transversal de la sociedad catalana que ya es hora de acabar con la emergencia habitacional que castiga la población más expuesta a la crisis, para pasar después a construir verdaderas políticas de vivienda modernas que nos permitan asegurar el derecho a una vivienda digna de toda la población.

Recuperar la Ley 24/2015 es el primer paso para hacerlo realidad. Pedimos hoy públicamente el apoyo y colaboración de toda la sociedad para conseguirlo. 

Las abajo firmantes apoyan a este manifiesto por la recuperación inmediata de la Ley 24/2015, conocida como la "Ley de emergencia habitacional".

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