Eje formativo

• Facilitar la comprensión de las normas, los estándares de derechos humanos y los canales de acceso a los mecanismos de protección para potenciar la accesibilidad, el uso y la aplicación.
• Generar herramientas y contenidos formativos que permitan responder a los retos actuales del norte y sur globales con políticas públicas, servicios para la ciudadanía y acciones basadas en los derechos humanos, incorporando las miradas feminista, interseccional y decolonial.
• Desarrollar e implementar metodologías de formación y  aprendizaje innovadoras y que incorporen una visión práctica de la aplicación de los derechos humanos

   

Eje de investigación

• Identificar límites y obstáculos y elaborar propuestas para la realización de los derechos humanos en las legislaciones y políticas públicas internacionales, nacionales, autonómicas y locales.
• Profundizar la comprensión del impacto de los principales retos actuales en la realización y garantía de los derechos humanos.
• Reforzar el fundamento y el rigor jurídico de las acciones en defensa de los derechos humanos de entidades de la sociedad civil y la academia.
• Asegurar la transmisión del conocimiento y la divulgación de las conclusiones y resultados de la investigación.
• Fortalecer las capacidades de IDHC para la investigación multidisciplinar.

Eje de incidencia

• Presentar a decisores públicos propuestas de políticas públicas y normativas que incorporen los más altos estándares de derechos humanos.
• Asesorar y acompañar a las administraciones públicas y las entidades de la sociedad civil para incorporar el enfoque de derechos humanos en su acción: en la elaboración de políticas y normativas, el diseño, la implementación y la evaluación de servicios y proyectos, etc.
• Denunciar situaciones de vulneración de derechos y proponer medidas para revertirlas ante los mecanismos internacionales de protección de derechos, de la mano de entidades, movimientos sociales, redes, activistas y presonas defensoras de derechos humanos.
• Promover y supervisar la implementación de las decisiones dirigidas al Estado español por parte de los mecanismos internacionales y regionales de protección de derechos.
• Contribuir al reconocimiento y desarrollo jurídico de los derechos humanos