{"id":8130,"date":"2022-05-02T22:00:01","date_gmt":"2022-05-02T20:00:01","guid":{"rendered":"https:\/\/www.idhc.org\/2024\/05\/29\/espionaje-estatal-de-periodistas-representantes-politicos-y-abogados-as-en-el-estado-espanol\/"},"modified":"2024-07-02T10:52:07","modified_gmt":"2024-07-02T08:52:07","slug":"espionaje-estatal-de-periodistas-representantes-politicos-y-abogados-as-en-el-estado-espanol","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.idhc.org\/es\/noticias\/espionaje-estatal-de-periodistas-representantes-politicos-y-abogados-as-en-el-estado-espanol\/","title":{"rendered":"Espionaje estatal de periodistas, representantes pol\u00edticos y abogados\/as en el Estado Espa\u00f1ol"},"content":{"rendered":"<p>El 18 de abril de 2022, el <a href=\"https:\/\/citizenlab.ca\/about\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">laboratorio Citizen Lab<\/a>, de la Universidad de Toronto, hizo p&uacute;blica una <a href=\"https:\/\/citizenlab.ca\/2022\/04\/catalangate-extensive-mercenary-spyware-operation-against-catalans-using-pegasus-candiru\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">investigaci&oacute;n <\/a>en la que conclu&iacute;a que ha habido una amplia operaci&oacute;n de espionaje contra distintas personalidades catalanas y del Pa&iacute;s Vasco con las herramientas PEGASUS y CANDIRU. Seg&uacute;n la investigaci&oacute;n, <a href=\"https:\/\/www.amnesty.org\/en\/latest\/news\/2022\/04\/spain-pegasus-spyware-catalans-targeted\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">confirmada por Amnist&iacute;a Internacional<\/a>, al menos 65 personas fueron atacadas o infectadas. Entre estas se encuentran periodistas, abogados, miembros de organizaciones de la sociedad civil y representantes pol&iacute;ticos de Catalu&ntilde;a y del Pa&iacute;s Vasco (entre ellos presidentes de la Generalitat y miembros del Parlamento Europeo).<\/p>\n<p>A d&iacute;a de hoy, este caso de espionaje se ha convertido en el m&aacute;s importante en Europa, siendo la cara m&aacute;s visible y m&aacute;s novedosa de una pr&aacute;ctica represiva de larga trayectoria, no solo en Catalunya o el Pa&iacute;s Vasco. Las injerencias publicadas por el estudio de The Citizen Lab no se deben entender de manera aislada, sino como parte de un conjunto de herramientas destinadas a la persecuci&oacute;n de las voces cr&iacute;ticas, de la disidencia pol&iacute;tica y de la reducci&oacute;n del espacio de la sociedad civil.<\/p>\n<p>Ante la informaci&oacute;n p&uacute;blica sobre el uso de los programas esp&iacute;as PEGASUS y CANDIRU, que solo pueden adquirir los estados, las entidades y colectivos firmantes queremos manifestar que:<\/p>\n<ol>\n<li>El articulo 18 de la Constituci&oacute;n Espa&ntilde;ola protege el derecho a la inviolabilidad del domicilio, a la intimidad y al secreto de las comunicaciones, como tambi&eacute;n lo hacen los tratados internacionales suscritos por Espa&ntilde;a. Cualquier injerencia a estos derechos fundamentales tiene que estar prevista por ley de forma clara, previsible y suficientemente accesible, resultar necesaria en una sociedad democr&aacute;tica y responder a las finalidades previstas en los diferentes convenios internacionales.<br \/>\n\t&nbsp;<\/li>\n<li>La creaci&oacute;n del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) fue prevista en la Ley 11\/2002, del 6 de mayo, reguladora de esta entidad. En esta se prev&eacute; la posibilidad de llevar a cabo &ldquo;investigaciones de seguridad&rdquo; sin especificar los mecanismos ni los l&iacute;mites de estas. La norma viene acompa&ntilde;ada de la Ley Org&aacute;nica 2\/2002, de 6 de mayo, reguladora del control judicial previo del CNI, que prev&eacute; que un magistrado del Tribunal Supremo pueda autorizar la adopci&oacute;n de medidas que afecten la inviolabilidad del domicilio y el secreto de las comunicaciones.<br \/>\n\t&nbsp;<\/li>\n<li>Las actuaciones del CNI y las resoluciones judiciales que autoricen la afectaci&oacute;n de derechos fundamentales tienen el car&aacute;cter de secretas. En relaci&oacute;n al control parlamentario de los gastos y las actuaciones, este recae en una Comisi&oacute;n del Congreso de car&aacute;cter secreto; en esta legislatura, y hasta la fecha, no se ha reunido ni una sola vez.<br \/>\n\t&nbsp;<\/li>\n<li>La vaguedad e indefinici&oacute;n de las normas reguladoras del CNI no indica, con razonable claridad, el alcance y la manera de ejercer la facultad discrecional conferida a las autoridades p&uacute;blicas, de manera que se garantice a los particulares el grado m&iacute;nimo de protecci&oacute;n, al cual tienen derecho en un Estado de derecho en una sociedad democr&aacute;tica, tal y como exigen los est&aacute;ndares del derecho internacional de los derechos humanos. Es importante recordar que los programas esp&iacute;as PEGASUS y CANDIRU acceden a todo el contenido de los dispositivos interceptados, incluyendo las fotograf&iacute;as y las aplicaciones, as&iacute; como a todas las comunicaciones y a la activaci&oacute;n remota de la c&aacute;mara y el micr&oacute;fono.<br \/>\n\t&nbsp;<\/li>\n<li>El uso de programas esp&iacute;a de estas caracter&iacute;sticas implica una violaci&oacute;n flagrante del derecho a la intimidad y al secreto de las comunicaciones. As&iacute; mismo, el espionaje de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, supone una amenaza a la libertad de expresi&oacute;n y de manifestaci&oacute;n. Defensoras de los derechos de las mujeres, como Hala Ahed Deeb en Jordania y Ebtisam al-Saegh en Bahrein, han sido atacadas por medio del programa esp&iacute;a Pegasus. Este tambi&eacute;n es el caso de diferentes escritores cr&iacute;ticos con el gobierno indio, como Rona Wilson (actualmente en la c&aacute;rcel) y defensores de los derechos humanos palestinos, como el abogado Salah Hammouri (actualmente en la c&aacute;rcel) y los activistas Ubai Al-Aboudi y Ghassan Halarika. Finalmente, su empleo contra abogados y abogadas implica tambi&eacute;n una vulneraci&oacute;n del derecho de defensa y del deber del secreto profesional, parte fundamental de la tutela judicial efectiva, base de cualquier democracia sujeta al Estado de derecho.<br \/>\n\t&nbsp;<\/li>\n<li>Desde la abogac&iacute;a y las organizaciones y colectivos de defensa de los derechos humanos manifestamos nuestro rechazo frontal al uso del programa Pegasus u otros programas esp&iacute;a contra personas defensoras de derechos humanos, periodistas, abogac&iacute;a, miembros de organizaciones de la sociedad civil, representantes pol&iacute;ticos y ciudadan&iacute;a en general. Entendemos que esta medida no es legal ni democr&aacute;tica en los par&aacute;metros del derecho internacional de los derechos humanos y supone una amenaza para mantener el Estado de derecho y la democracia.<br \/>\n\t&nbsp;<\/li>\n<li>Exigimos a las instituciones p&uacute;blicas y al Poder judicial una investigaci&oacute;n independiente, r&aacute;pida y efectiva para esclarecer los hechos y garantizar que los derechos a la intimidad, el secreto de las comunicaciones, el derecho de defensa, el derecho a la libertad de expresi&oacute;n e informaci&oacute;n sean respetados y protegidos por los organismos estatales, incluidos los servicios secretos, en el marco de un Estado de derecho, democr&aacute;tico y social de la Uni&oacute;n Europea.<br \/>\n\t&nbsp;<\/li>\n<li>Exigimos una revisi&oacute;n de la Ley 11\/2002, de 6 de mayo, reguladora del CNI y de la Ley Org&aacute;nica 2\/2022, de 6 de mayo, reguladora del control judicial previo del CNI, para que se ajusten a los est&aacute;ndares de claridad, previsibilidad, accesibilidad y protecci&oacute;n de los derechos individuales, exigidos en los tratados ratificados por el Estado Espa&ntilde;ol.<br \/>\n\t&nbsp;<\/li>\n<li>Recomendamos erradicar el proteccionismo corporativo. Asimismo, incorporar las peticiones de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, en las que exige tomar medidas de prevenci&oacute;n respecto al uso de dispositivos de espionaje estatal y privado; as&iacute; como exigir responsabilidades a las empresas responsables de desarrollar y distribuir dichas tecnolog&iacute;as de vigilancia, por motivo de las consecuencias negativas que suponen en la protecci&oacute;n de los derechos.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Entidades firmantes:<\/p>\n<ul>\n<li>ACDDH &#8211; Associaci&oacute; Catalana per a la Defensa dels Drets Humans<\/li>\n<li>Addameer &#8211; Prisoner Support and Human Rights Association<\/li>\n<li>AED &#8211; European Democratic Lawyers<\/li>\n<li>ALA &#8211; Asociaci&oacute;n Libre de Abogadas y Abogados<\/li>\n<li>ALAZ &#8211; Asociaci&oacute;n Libre de Abogadas y Abogados de Zaragoza<\/li>\n<li>Alerta Solid&agrave;ria<\/li>\n<li>Al Haq &#8211; Defending Human Rights<\/li>\n<li>APDHA &#8211; Asociaci&oacute;n Pro Derechos Humanos de Andaluc&iacute;a<\/li>\n<li>Associaci&oacute; d&rsquo;Advocats d&rsquo;Osona en defensa dels Drets Humans<\/li>\n<li>Bisan Center Research and Development<\/li>\n<li>CELS &#8211; Centro de Estudios Legales y Sociales&nbsp;<\/li>\n<li>Civil Liberties Union for Europe (Liberties)<\/li>\n<li>Col&middot;lectiu Praga<\/li>\n<li>Coordinadora de l&rsquo;advocacia de Catalunya<\/li>\n<li>Ecologistas en Acci&oacute;n<\/li>\n<li>ELDH &#8211; European Association of Lawyers for Democracy and World Human Rights<\/li>\n<li>Erabakizaleak &#8211; Juristas por el Derecho a Decidir<\/li>\n<li>Esculca &#8211; Observatorio galego para a defensa dos dereitos civ&iacute;s e as liberdade<\/li>\n<li>European Civic Forum<\/li>\n<li>Fair Trials<\/li>\n<li>IDHC &#8211; &nbsp;Institut de Drets Humans de Catalunya<\/li>\n<li>Ir&iacute;dia &#8211; &nbsp;Centre per la Defensa dels Drets Humans<\/li>\n<li>Irish Council for Civil Liberties<\/li>\n<li>Juristes de les Terres de l&rsquo;Ebre per les Llibertats<\/li>\n<li>Juristes per la Rep&uacute;blica de Tarragona<\/li>\n<li>KHRC &#8211; Kenian Human Rights Commission<\/li>\n<li>LaFede<\/li>\n<li>Novact &#8211; Instituto Internacional por la Acci&oacute;n Noviolenta<\/li>\n<li>OMCT &#8211; World Organisation Against Torture<\/li>\n<li>Osabideak<\/li>\n<li>OSPDH &#8211; Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos<\/li>\n<li>RIS &#8211; Rights International Spain<\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El 18 de abril de 2022, el laboratorio Citizen Lab, de la Universidad de Toronto, hizo p&uacute;blica una investigaci&oacute;n en la que conclu&iacute;a que ha habido<span class=\"excerpt-hellip\"> [\u2026]<\/span><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[],"tags":[511,514,585,592,653],"class_list":["post-8130","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","tag-derecho-a-la-libertad-de-expresion","tag-derecho-de-asociacion-y-de-reunion-pacifica","tag-derechos-civiles-y-politicos","tag-defender-a-quien-defiende","tag-tecnologias"],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.3 - 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