Carta abierta de apoyo a Victoire Ingabire

Victoire Ingabire, defensora de derechos humanos ruandesa del partido de la oposición FDU-INKINGI, se encuentra encarcelada en Kigali como resultado de un juicio plagado de irregularidades y falto de las mínimas garantías judiciales, por el que fue condenada inicialmente a 8 años de prisión y, tras el proceso de apelación ante los tribunales ruandeses, a 15 años.

Esta mujer, líder pacifista, fue detenida y acusada de negacionismo del genocidio, tras plasmar su visión sobre el pueblo ruandés a su regreso a Kigali, donde abogó por los derechos a la verdad, justicia y reparación para lograr la reconciliación de la sociedad ruandesa. Su acérrima defensa de estos derechos le ha llevado a ser perseguida, detenida y sometida a un juicio sin ninguna garantía judicial.

En octubre de 2014, Victoire inicia un largo y tortuoso proceso de apelación ante la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos contra el gobierno ruandés (caso 003/2014), cuya sentencia fue emitida el pasado 24 de noviembre de 2017.

Esta Sentencia concluye que no hay nada en las declaraciones hechas por Victoire que niegue o minimice el genocidio cometido contra los Tutsi o lo dé a entender (párrafo 158 in fine) y que la declaración de culpabilidad y la condena impuestas por hacer dichas declaraciones, no eran necesarias en una sociedad democrática (párrafo 162 al.1).

La Corte dictamina por unanimidad que el Estado de Ruanda ha violado los siguientes derechos de Ingabire:

Derecho a la libertad de opinión y expresión, tratándose de su discurso en Gisozi, de lo que se deduce por tanto que Ingabire ha sido absuelta por la Corte de los crímenes que, erróneamente, le fueron imputados.

Derechos de defensa a raíz de las dificultades impuestas a su abogado durante el interrogatorio de los testigos de la acusación y a raíz de las amenazas e intimidaciones a las que sometió al testigo de la defensa.

La Sentencia deja claro que el discurso de Victorire por el cual ha sido incriminada y que fue el desencadenante del procedimiento de enjuiciamiento y encarcelamiento, de ninguna manera es un crimen ante los ojos de la Corte y tampoco debería serlo en el derecho ruandés.

El gobierno ruandés tiene hasta el mes de mayo como fecha límite para hacer llegar a la Corte las medidas concretas para restablecer los derechos vulnerados a Victoire Ingabire.

Desde las organizaciones de la sociedad civil firmantes instamos:

Al Estado Ruandésa la liberación inmediata a Victoire Ingabire, en cumplimiento con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Dictamen emitido por la Corte Africana de Derechos Humanos.

A los Estados Europeos y muy especialmente a los que apoyan a través de cooperación internacional el fortalecimiento del sistema de justicia ruandés (Holanda, Bélgica, Dinamarca, Noruega, Suecia y Alemania), a que intercedan para que el Estado Ruandés cumpla con la Sentencia de la Corte y libere de forma inmediata a Victorie Ingabire.