Hoy, Día Mundial del Agua, y despues de que la pasada semana tuviera lugar en Marsella, el 6º Foro Oficial del Agua, así como el Foro Alternativo del Agua, queremos hacer patente que la situación del acceso al agua potable y al saneamiento sigue siendo uno de los grandes retos del siglo XXI.
El derecho humano al agua y el saneamiento fue reconocido el 28 de julio de 2010 por la Asamblea General de Naciones Unidas. Desde entonces, la tarea que sigue a esta victoria es la de concretar a nivel local, nacional, regional e internacional, su contenido.
Teniendo en cuenta que el derecho humano al agua y el saneamiento es un derecho del que dependen otros derechos, entre ellos la vida, la salud, la alimentación y la dignidad humana no sólo de las generaciones presentes sino de las futuras, es necesario que el agua como bien común sea gestionada, desde la esfera pública, con la participación y el control de todos y todas.
En el contexto actual, en el que se nos está privatizando todo lo público, desde la sociedad civil tenemos que seguir trabajando para evitar que los gobiernos dejen en manos de las empresas privadas la garantía de este derecho humano, a través de fórmulas sofisticadas como las Alianzas o Partenariados Público-Privados (PPP).
Somos críticos ante la privatización de los servicios públicos de agua que garantizan este derecho prestacional, así como el hecho de que Naciones Unidas deje en manos de las empresas transnacionales cuestiones tan importantes como el acceso al agua potable y al saneamiento o la protección del medio ambiente, como lo ha demostrado el último Foro Oficial del Agua y lo corrobora la próxima Cumbre del Medio Ambiente que se celebrará en Río del 20 al 22 de junio, donde, bajo el paraguas de la economía verde, se abordarán nuevas formas de capitalismo verde.
Las cuestiones relacionadas con los derechos básicos esenciales, como es el acceso al agua potable y el saneamiento, y su relación con la protección del medio ambiente, se deben garantizar por los poderes públicos desde un enfoque de derechos humanos que nutra las cuestiones de desarrollo aquí y en todas partes.
Un ejemplo de la falta de enfoque de derechos humanos en el tratamiento de las cuestiones relacionadas con el agua es el último comunicado presentado por la Organización Mundial de la Salud y UNICEF. En este comunicado se considera que se ha conseguido el objetivo de reducir a la mitad, antes de 2015, el número de personas que no tienen acceso al agua potable y al saneamiento básico. El indicador utilizado para determinar el cumplimiento de este objetivo ha sido el número de tuberías instaladas, sin mencionar ni considerar las condiciones que rodean la garantía de este derecho humano, olvidando en todo caso, uno de sus componentes, el acceso al saneamiento básico. En términos de garantía de los derechos humanos, no sólo se valorará el número de instalaciones que permiten el acceso al agua potable y al saneamiento básico, sino también, y lo más importante, la disponibilidad de estos servicios, su accesibilidad, tanto física como económica, la aceptabilidad de las instalaciones para la comunidad y la calidad del agua y del servicio. Además, se deben respetar los principios de sostenibilidad, del servicio y del medio, el principio de igualdad y no discriminación en su disfrute y la participación de todos y todas en su definición y prestación.
En este sentido, la Relatora Especial sobre el derecho humano al agua y al saneamiento ha manifestado su preocupación en relación a la garantía del derecho humano al agua, ya que muchos estados han sido reacios a incluir explícitamente en la declaración final del Foro Oficial una mención expresa a este derecho humano, lo que supone un retroceso en el ya alcanzado a nivel internacional sobre la materia. Esta regresión de los estados en relación al reconocimiento del derecho humano al agua y al saneamiento se hará patente en las próximas negociaciones que sobre la materia se llevarán a cabo en el seno del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra y en las discusiones que actualmente se 'están realizando en la Asamblea General de Naciones Unidas en relación al contenido del texto final de la Declaración de la Cumbre de Río + 20. Algunos Estados en bloque, como los miembros de la Unión Europea, del grupo 77 o países como Canadá, Estados Unidos o Reino Unido, se han opuesto a incluir una referencia al derecho humano al agua y al saneamiento en relación a la protección del medio ambiente y en la gestión del Servicio público del agua, lo que les sirve para delegar su garantía de protección a las grandes empresas transnacionales. Estos hechos suponen un retroceso en las obligaciones de los Estados asumidas en 2010 en relación a la implementación del derecho al agua.
En este sentido, pedimos a nuestros gobiernos que los ciudadanos y las ciudadanas podamos participar en las cuestiones relacionadas con el derecho al agua y las políticas públicas que se derivan, para conseguir una gestión democrática, transparente y responsable que, por un lado, garantice el derecho humano al agua bajo parámetros medioambientales y, por otro, que haga revertir todos los beneficios de esta gestión en la ciudadanía y en su entorno.
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