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Incidencia | Jueves, 25 de octubre de 2012

En defensa de una Política Pública Catalana de Cooperación por la Paz, los Derechos Humanos y el desarrollo. Construimos una nueva Cataluña más solidaria

Confederació Catalana d'ONG per la Pau, els Drets Humans i el Desenvolupament, la Coordinadora d'ONG i Altres Moviments Solidaris de Lleida, la Coordinadora d'ONG Solidàries de les comarques gironines i l'Alt Maresme y la Coordinadora d'ONG pel Desenvolupament, la defensa dels Drets Humans i la Pau de Tarragona


Nuestro Estatuto de Autonomía explicita en su Preámbulo el firme compromiso de Cataluña con todos los pueblos "para construir un orden mundial pacífico y justo".

En los momentos difíciles demostramos lo peor y lo mejor de lo que somos capaces. La sociedad catalana hace más de veinte años que reclama lo mismo, tanto en los momentos de crisis, como en las épocas de bonanza económica: una política pública de cooperación coherente y continuada. Pensamos que un mundo tan desigual es un mundo injusto y equivocado.

La cooperación internacional en Cataluña ha sido producto del esfuerzo de la sociedad civil catalana, de las ONG, universidades, sindicatos, colegios profesionales y otras instituciones y colectivos que durante décadas, han hecho visible la lucha contra la pobreza y la violencia, a favor de la solidaridad, los derechos humanos y la justicia en el mundo. En muchos casos la administración pública autonómica y municipal se ha hecho eco de esta demanda, promoviendo la convivencia y construcción de ciudadanía y ha quedado claro que no iba a ser una aportación partidista, ni basada en dar lo que nos sobra, sino una política pública responsable, de redistribución internacional de la riqueza, para exigir un modelo de desarrollo garante de los derechos humanos, la paz y la sostenibilidad de todos los pueblos, los hombres y mujeres de todas las condiciones y edades.

Acabar con la pobreza es una meta alcanzable. Debemos aceptar la erradicación de la pobreza como una obligación ética y política intrínsecamente relacionada con nuestra visión de los derechos humanos, incluso en este momento de crisis económica que vive nuestro país. Así, nuestro compromiso contra la pobreza no apela sólo a nuestra solidaridad, sino a que las personas que la padecen tienen derechos que crean obligaciones jurídicas ineludibles. Derechos que, por otra parte, no se limitan a garantizar la satisfacción de sus necesidades básicas, sino a desarrollar sus capacidades y libertades.

La cooperación internacional constituye un propósito de todos los Estados en el marco de las Naciones Unidas; la Carta insta «a emplear un mecanismo internacional para promover el progreso económico y social de todos los pueblos». Los tratados y las declaraciones de derechos humanos contienen además exigencias muy claras en cuanto a la cooperación y asistencia mutuas. En este sentido, también la cooperación y la solidaridad deben ser la manifestación principal de Cataluña hacia el mundo.

En nuestro mundo interdependiente nos enfrentamos a diferentes retos globales: agotamiento de los recursos, cambio climático, flujos migratorios, guerras, Estados frágiles, crisis olvidadas, etc. El bienestar y seguridad nuestros están relacionados de forma real y directa con el futuro del resto de países. Los esfuerzos desde el ámbito local tienen repercusión a nivel global y viceversa. Trabajar desde el ámbito catalán por el desarrollo se hizo una apuesta política para contribuir a la lucha contra la pobreza y construir un mundo más justo. El mundo tiene suficientes recursos, talento y posibilidades para erradicar la pobreza. No se trata de ninguna utopía.

Por todo ello, la sociedad de nuestro país, a través de sus instituciones, colectivos y organizaciones, quiere poner en valor y asumir el compromiso de consolidar en el momento actual una verdadera política pública catalana de cooperación, heredera del esfuerzo de las últimas décadas y de la ley catalana de cooperación de 2001, de la ley catalana de fomento de la paz de 2003 y fruto del consenso social y político, que ha definido hasta ahora nuestro modelo de cooperación.
Esta perspectiva no se puede olvidar, sino que hay que poner más de relieve en el itinerario que una gran parte de la población de Cataluña ha decidido empezar a recorrer con paso firme, fundamentándose en el derecho a decidir.

No somos ajenos a los difíciles momentos que atraviesan amplios sectores de nuestra ciudadanía y las entidades públicas catalanas como consecuencia de la crisis que padecemos. Destacamos el esfuerzo que realiza la sociedad catalana a través de la solidaridad personal, de las organizaciones de la sociedad civil y sus instituciones.
Pero en un solo año hemos visto cómo disminuía drásticamente el presupuesto de la Generalidad en la construcción de la paz, los derechos humanos y la ayuda al desarrollo. Pensamos que esto pone en un muy grave peligro la continuidad de la política pública de cooperación, que con tanto sacrificio y esfuerzo hemos ido construyendo entre todos y todas.

Ante esta situación queremos manifestar que:

· Ponemos en valor la política pública de cooperación catalana construida conjuntamente en los últimos años, consecuencia del consenso social y político, así como la apuesta unánime para mantenerla.

· Reconocemos el esfuerzo realizado en el desarrollo normativo en Cataluña y la necesidad de seguir profundizando en ella.

· Apostamos por generar y mantener recursos estables y previsibles de financiación para el desarrollo humano; sin renunciar a alcanzar en un futuro próximo el 0,7%.

· Igualmente, y sin obviar nuestros compromisos cuantitativos, hay que redoblar esfuerzos para la mejora de la calidad y la eficiencia de la ayuda, garantizar los compromisos a largo plazo con las poblaciones beneficiarias y sus organizaciones.

· En estos momentos de tensiones presupuestarias, es urgente reforzar los mecanismos de coordinación de las administraciones, la transparencia y la rendición de cuentas, tanto en lo referente al control financiero como el impacto sobre la calidad de vida de las poblaciones beneficiarias.

·Creemos necesario un compromiso público y un trabajo decidido desde Cataluña a las instancias competentes para auditar y anular la deuda externa ilegítima de los países empobrecidos.

· Mantendremos el esfuerzo de las últimas décadas, porque la solidaridad y la cooperación con las personas más desfavorecidas sea un principio rector de país, garantizando los avances que se han hecho en la incorporación de la perspectiva de género, tanto desde la acción solidaria de la sociedad civil catalana, como de las políticas públicas, y para la defensa de los derechos humanos y la construcción de paz orienten la acción exterior de la Generalitat, y la de todos sus departamentos y del resto de administraciones públicas catalanas. Pedimos, por tanto, la coherencia de todas las políticas con estos principios.

· Apostamos por la educación en valores, que sensibilice, movilice y dé a conocer las causas de la pobreza en todo el mundo, reconociendo el trabajo educativo y comunicativo como parte fundamental de la política pública de fomento de la cooperación, la paz y los derechos humanos.

· Trabajaremos desde Cataluña para reducir drásticamente el gasto militar español y transformarla en inversión social.

· Trabajaremos para deslegitimar el recurso a la violencia o la guerra como forma de resolución de conflictos.

· Trabajaremos activamente por la defensa de una sociedad abierta, intercultural y respetuosa con las diferencias, especialmente combativa contra las actitudes xenófobas.

· Promoveremos la imposición de tasas a las transacciones financieras especulativas y la eliminación de los paraísos fiscales.

· Impulsaremos la lucha contra el fraude fiscal y la corrupción para que se asegure la fiscalidad posible y necesaria para invertir en los servicios y derechos sociales básicos en nuestro país y en la cooperación internacional.

· Nos comprometemos a luchar para evitar que se inviertan fondos públicos y subvenciones de cualquier tipo en actividades que vulneren los derechos humanos, sociales y ambientales. Abogamos para que las administraciones catalanas desarrollen criterios de compra pública ética en la subcontratación de empresas.

· Trabajaremos para reducir la huella ecológica catalana, trabajando por un desarrollo realmente sostenible e inclusivo.

Asumimos nuestra responsabilidad colectiva en defensa del derecho a la paz, los derechos humanos y del desarrollo de los pueblos. Por eso mostramos nuestra firme decisión de aportar nuestros medios y voluntad a este fin, ya que entendemos que son derechos universales e inalienables.

Por solidaridad, por justicia, por el desarrollo y bienestar de todas las personas del planeta y de las próximas generaciones, Cataluña necesita una política pública de cooperación, paz y derechos humanos.


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