A pesar de la fuerte oposición de la sociedad civil, de todos los partidos de oposición, de la opinión pública, así como de la condena por parte de Naciones Unidas y del Consejo de Europa, España adoptó el pasado jueves 26 de marzo la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, en lo que muchos consideran un día aciago para la democracia.
La Red Euro Mediterránea para los Derechos Humanos (REMDH), la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), la Federación Internacional para los Derechos Humanos (FJDH), La Asociación Europea para la Defensa de Los Derechos Humanos (AEDH) y sus organizaciones miembro condenan enérgicamente la ley, justamente calificada de “ley mordaza”, y reiteran su seria preocupación por las crecientes restricciones de la libertad de expresión y de reunión pacífica en España.
Con el pretexto de asegurar la seguridad pública, la “ley mordaza” establece sanciones administrativas, algunas de ellas muy severas, con el objeto de disuadir a la ciudadanía de expresar sus posiciones a través de demostraciones públicas. Esta ley criminaliza las nuevas formas de expresión y de acción colectiva que se han desarrollado en los últimos años, entre las cuales los escraches (manifestaciones para hacer denuncias públicas), las sentadas, las ocupaciones de espacios públicos, las acciones pacíficas como rodear los parlamentos y las caceroladas.
La Ley Orgánica para la Protección de la Seguridad Ciudadana impone multas por organizar encuentros públicos y manifestaciones sin notificación previa, lo que vuelve imposibles las concentraciones espontáneas a pesar de ser pacíficas. Incluso las concentraciones pacificas en las inmediaciones del Congreso de los Diputados, del Senado o de las cámaras legislativas de las Comunidades Autónomas pueden ser consideradas “faltas graves” con multas que pueden llegar a los 30.000 euros. La difusión de imágenes de miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad también puede ser considerada falta muy grave, lo que puede dificultar la documentación de los abusos cometidos por las fuerzas del orden y reforzar el clima de impunidad.
Por otra parte, esta ley afianza la práctica de las expulsiones sumarias de migrantes desde los enclaves españoles de Ceuta y en Melilla hacia Marruecos, restringiendo su derecho a pedir asilo y violando el principio de no devolución automática y la prohibición de las expulsiones colectivas. Expone a los migrantes a un serio riesgo de tortura y malos tratos al negarseles la posibilidad de presentar una reclamación en contra de las fuerzas del orden en caso de abusos.
El 23 de febrero de 2015, cinco expertos en derechos humanos de Naciones Unidas instaron a España a reconsiderar la Ley Orgánica de Protección de Seguridad Pública, ya que " vulnera la propia esencia del derecho de manifestación pacífica pues penaliza una amplia gama de actos y conductas esenciales para el ejercicio de este derecho fundamental, limitando marcadamente el ejercicio del mismo.”
El Comisionado para los Derechos Humanos del Consejo de Europa, Nils Muiznieks, también expresó su preocupación por la amenaza que supone esta ley para el ejercicio del derecho de reunión pacífica y declaró que la propuesta de legalizar las expulsiones automáticas y colectivas de inmigrantes que llegan a Ceuta y Melilla es incorrecta e ilegal según el derecho internacional.
Nuestras organizaciones urgen a España a revocar esta ley que viola la Constitución Española, así como el derecho internacional y europeo en materia de derechos humanos y refugio. También conminamos a las instituciones europeas, en línea con nuestras demandas expresadas previamente en una carta enviada a los Comisarios europeos y a los miembros de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) del Parlamento Europeo, a adoptar una posición clara con el fin de proteger los valores fundamentales en los que se basa la UE y tomar medidas para garantizar que éstos no sean violados en los Estados miembros de la UE. La Comisión Europea en tanto que guardiana de los tratados tiene que asegurar que los Estados Miembros cumplan con los derechos y las libertades fundamentales garantizadas por el Derecho de la UE, incluida la Carta Europea de Derechos Fundamentales.
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European Association for the Defense of Human Rights (AEDH) website
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