Manifiesto con motivo del Día Mundial de las Personas Refugiadas 2013

El sistema mundial de protección de los refugiados fue creado en 1950, con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y la adopción de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de Naciones Unidas y su Protocolo posterior, ratificados por 147 estados del mundo. Este sistema de protección se concibió para dar protección internacional a las personas que no pueden contar con la protección de su propio estado y para apoyar a los países que los acogen.

En el día mundial de las personas refugiadas, queremos resaltar que hoy en el mundo hay 45,2 millones
de personas que se han visto obligadas a abandonar sus hogares por graves violaciones de derechos humanos. Muchas son las causas que obligan a los seres humanos a huir, cruzar fronteras y solicitar el reconocimiento de su condición de refugiados: la persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, la opinión política, género u orientación sexual y la pertenencia a un determinado grupo social.
A lo largo de 2012 volvieron a ser los países más empobrecidos los que mostraron una mayor solidaridad con las personas refugiadas acogiendo al 80% de la población refugiada. En la Unión Europea, que acoge a un 9,66% de los refugiados del mundo, aumentaron las solicitudes de asilo, en 2012, en un 7%
respecto al 2011, siendo los países nórdicos los que registran un mayor incremento de solicitudes (38%), mientras que en los países del sur de Europa cayó en un 27% fruto, principalmente, de las políticas europeas de control de los flujos migratorios. Estas
políticas no tienen en cuenta la situación de las personas refugiadas, invisibilizadas entre los flujos migratorios, ya que éstas utilizan las mismas rutas y puertas de entrada que las personas inmigrantes. Esta situación se ve agravada si tenemos en cuenta que desde el 2009 el acceso al procedimiento de protección internacional a
embajadas y consulados de España se ha visto gravemente limitado.

En relación con el acceso al derecho de asilo, España ocupó en el año 2012 el puesto número 14 en úmero de solicitantes de asilo en la Unión Europea y acoge 4.510 personas refugiadas, el 0,29% de los refugiados de Europa. Siguiendo la tónica de los países del sur de Europa, en el territorio español, en 2012, se ha producido
un descenso del 24% en las solicitudes de protección internacional admitidas a trámite. Se ha concedido protección internacional a 220 personas denegándosele esta protección al 91% de las 2.579 personas solicitantes.

En el ámbito internacional, todos conocemos la grave situación que se vive en Siria y el número de refugiados
de este país se incrementa día a día, llegando a superar el millón y medio de personas refugiadas en los países de alrededor. Y mientras esta crisis masiva sigue sin resolverse, el gobierno español mantiene la directriz, introducida en 2011, que obliga a presentar el visado de tránsito a las personas nacionales de este país, restringiendo su acceso al territorio español y al procedimiento de asilo. Como ya pedimos el año pasado, pedimos a España que modifique su política hacia las personas con necesidad de protección internacional provenientes de Siria y que se empleen los instrumentos disponibles como la protección temporal y / o humanitaria para acoger a estas personas mientras la situación en sus países no mejore.
Por otra parte, en 2012 llegó un primer contingente de 80 personas reasentadas fruto del conflicto de Libia, provenientes del campo de refugiados de Shousha en Túnez. Con este paso, el estado español se suma al grupo de países de la Unión Europea que aceptan refugiados bajo programas de reasentamiento de carácter anual. Para los años 2013 y 2014 se ha aprobado un nuevo contingente de 30
personas reasentadas, que a pesar de ser una cifra muy reducida, casi simbólica, parece mostrar un compromiso de España en mantener este apuesta.
Celebramos que el gobierno mantenga su compromiso con el mantenimiento del programa de
reasentamiento. Sin embargo, creemos que las cifras propuestas por el Gobierno son insuficientes y queremos aprovechar esta ocasión para reclamar un apoyo efectivo a las personas reasentadas, asumiendo que aceptar el reasentamiento en territorio español implica una responsabilidad más allá de ofrecer una condición legal y un territorio en paz: implica trabajar para que consigan una integración cultural, social y laboral realmente efectiva.

Es ya urgente que España apruebe el reglamento de la ley de protección internacional, que está vigente desde 2009: esta ley contempla aspectos innovadores, como el reagrupamiento familiar, las situaciones de especial vulnerabilidad y por razones humanitarias, que no se pueden aplicar en la práctica por la falta de un reglamento. También creemos que se deben regular las condiciones de estancia de los internos y el acceso de las organizaciones no gubernamentales a los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) para así poder
mejorar en la identificación de posibles casos susceptibles de acceder a la protección internacional. También se deben mejorar las condiciones de acceso al procedimiento de protección internacional en frontera, tanto en el aeropuerto de El Prat como en el caso de la llegada de polizones en el puerto de Barcelona.

La crisis económica que padecemos todos juntos golpea con mayor intensidad a las personas que se
encuentran en una mayor situación de vulnerabilidad, entre las que se encuentran las personas refugiadas. Los recortes en las políticas sociales y el desmembramiento del Estado del Bienestar están dificultando gravemente su proceso de inclusión en la sociedad catalana, abocándolas a menudo a la exclusión social. Hay que
constatar la grave reducción de plazas de acogida temporal para solicitantes de asilo en Cataluña. Asimismo, hay que evidenciar la situación de precariedad en la que se encuentran las personas solicitantes de protección internacional cuando finalizan sus periodos de estancia en los dispositivos de acogida.
El impacto de la crisis también afecta a las entidades que trabajamos con esta población, ya que a los retrasos considerables en el cobro de partidas presupuestarias comprometidas para
diferentes instituciones públicas en años precedentes, aún pendientes de pago, tenemos que sumar la drástica reducción de las contribuciones destinadas a cooperación internacional y ayuda humanitaria. Estos hechos no sólo limitan la capacidad de acción de las organizaciones no gubernamentales que acogen a solicitantes de asilo y refugiados, comprometiendo su funcionamiento y amenazan con su cierre, además, obliga a la discontinuidad de programas iniciados y comprometidos impidiendo
así la finalización de los mismos, aumentando la vulnerabilidad de un colectivo de personas ya de por sí muy frágil.

Y aún es más preocupante la situación de las personas a las que se ha denegado su solicitud de protección internacional y no abandonan el territorio, quedando en situación de desprotección por su irregularidad administrativa y restringiendo, entre otros, el acceso a los servicios públicos de salud, con las
consecuencias tan negativas como las que hemos conocido recientemente.

Ante este panorama, no queremos dejar de destacar la importancia de que las comunidades
autónomas y los municipios se impliquen en la promoción, defensa y garantía del derecho de asilo y de los derechos de las personas refugiadas. En este sentido, celebramos la iniciativa de la Dirección General para la Inmigración de la Generalidad de Cataluña de impulsar, en el marco de la disposición IV de la Ley
12/2009, la elaboración de un documento de bases para la elaboración de un Plan de Protección Internacional en Cataluña, en el que las entidades del sector hemos participado en su elaboración. Esperamos que este documento sirva de guía para la elaboración de una verdadera política catalana de protección internacional que defienda y garantice, no sólo normativamente sino también con instrumentos y recursos económicos, el derecho de asilo y los derechos específicamente destinados a personas solicitantes de asilo y refugiadas en Cataluña.

Este año, las organizaciones que participamos en este acto hemos decidido dar voz a varias experiencias de refugio, una experiencia que en Cataluña tiene más de 70 años, cuando los catalanes, junto con muchos ciudadanos del resto del estado español, tuvieron que cruzar la frontera francesa durante la guerra civil. El exilio catalán no sólo se asentó en Europa, sino que cruzó el Atlántico hacia México, Venezuela, Estados Unidos, Chile y Argentina, entre otros países que mostraron su solidaridad hacia las personas refugiadas catalanas. Y fueron refugiados de estos dos países, junto con Uruguay, los que llenaron nuestras calles durante los años 70 y principios de los 80. Estas personas se encontraron una sociedad que los entendía y aceptaba (recién terminaba la dictadura) y con una fuerte identidad histórica. Se establecieron estrechos vínculos entre estos exiliados y las personas y entidades catalanas que los acogieron y acompañaron en esta nueva etapa de sus vidas, atendiendo problemas específicos como la salud y la vivienda, organizando ayuda para los que querían huir de sus países por estar amenazados y denunciando la situación que padecían.

Hoy en día, un buen puñado de entidades siguen teniendo el mismo papel, pero las personas refugiadas ya no encuentran el mismo entendimiento por parte de la población catalana y es muy difícil que se les diferencie de los inmigrantes económicos. Y así se encuentran con que, al igual que la población inmigrada, su recorrido vital y profesional no es reconocido, desaprovechando su capital humano, que podría ser muy útil para nuestra sociedad, así como su manera de hacer y de ver el mundo.

Las entidades que participamos en este acto vamos a seguir trabajando a favor de las personas refugiadas, solicitantes de protección internacional desplazadas, apátridas, reasentadas y devueltas, para qué
se respeten sus derechos tanto aquí como fuera de nuestras fronteras y, a fin de
defender los derechos de este colectivo tan vulnerable, seguiremos pidiendo a los poderes públicos que mejoren y amplíen las leyes que regulan el derecho al asilo y su aplicación.

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