Hoy en el mundo hay casi 42,5 millones de personas que se han visto obligadas a abandonar sus hogares por graves violaciones de derechos humanos: el 50% de estas personas son mujeres y el 30% niños. Del total de las víctimas del desplazamiento forzado recordamos que 15,2 millones de personas son refugiadas que han cruzado fronteras en busca de protección internacional. En el año 2011 más de 4,3 millones de personas se han desplazado a la fuerza a causa de conflictos, aunque es esperanzador que en el mismo año han podido vuelto a casa 3,2 millones de personas.
Muchas son las causas que obligan a los seres humanos a huir y solicitar el reconocimiento de su condición de refugiados: la persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, opinión política, pertenencia a un grupo social, por razón de género o orientación sexual. Este año las organizaciones que participamos de este acto hemos decidido dar relieve a la situación, a menudo invisible, de la mujer refugiada. Muchas mujeres son víctimas de la violencia doméstica y familiar, de una planificación familiar forzada, del riesgo a la mutilación genital femenina, a sufrir persecución por su orientación sexual e identidad de género, entre otros motivos, y sólo algunas de ellas pueden huir e iniciar un éxodo en busca de protección.
La vivencia de la mujer se ve agravada con una serie de elementos que se encadenan: además de hacer frente a las amenazas personales y la consiguiente estigmatización social que muchas veces en vano ligada, también se encargarán de la seguridad física, el bienestar y la supervivencia de sus familias.
Un ejemplo punzante e invisible es el vivido por las mujeres víctimas de la trata, que se ven obligadas a ponerse al servicio de las redes criminales internacionales y se encuentran en una situación de gran vulnerabilidad e indefensión, expuestas a todo tipo de vejaciones y malos tratos. Es necesario que se otorgue más protección internacional a las víctimas de trata, tal y como recoge la vigente ley de asilo española y no se las haga pasar como hasta ahora hace por la ley de extranjería, pues, en algunos casos, si se obliga a hacer la denuncia a los y las tratantes se podría poner en peligro su propia seguridad y la de sus familiares en el país de origen. Sin embargo, esta situación, muchas veces, no favorece que puedan salir de las redes que las tienen atrapadas.
A lo largo de 2011 los países más empobrecidos del mundo continuaron acogiendo a más del 80% de la población refugiada. Un ejemplo reciente lo encontramos con los conflictos de Túnez y Libia que han generado más de un millón de personas desplazadas, de las cuales sólo 58.000 lograron llegar a Europa y, de éstas, tal solo 21.000 accedieron al procedimiento de asilo ; mientras 1.500 personas perdieron la vida en el Mediterráneo.
Una vez más, las cifras ponen de manifiesto las dificultades crecientes para que las personas puedan acceder a la protección internacional. Muchas de las políticas de control de los flujos migratorios de la Unión Europea impiden a las personas susceptibles de necesitar protección internacional llegar a territorio europeo y solicitar esta protección.
Este año tampoco podemos dejar de expresar nuestra preocupación por la cruenta situación de conflicto que ocurre en Siria y que ya ha provocado un flujo de más de 80.000 refugiados en los países vecinos. En este sentido, instamos a que se tomen más mida s para mejorar los procesos relativos a las solicitudes de asilo de este colectivo.
Pese hubo un aumento en el número de solicitudes de protección internacional en el 2011, España sigue estando a la cola del conjunto de la Unión Europea. En 2011, por sexto año consecutivo, se produjo un descenso en el número de solicitudes de protección internacional admitidas a trámite y se concedió algún tipo de protección internacional tan sólo a 921 personas, negándole esta protección al 73,5 % de las personas refugiadas que lo solicitaron.
También es preocupante la situación de las personas a las que se denegó su solicitud de asilo, quedando, de no marchan o logran regularizarse, en situación de desprotección por su irregularidad administrativa, generando una vulnerabilidad que puede llegar a no cubrir necesidades básicas como la atención sanitaria en igualdad de condiciones que el resto de personas que residen en nuestros municipios. Pedimos a la Generalidad de Cataluña, que en la medida de lo posible y en virtud de sus competencias en este servicio, mantenga la universalidad del sistema sanitario público para todas las personas, sea cual sea su situación administrativa en nuestro territorio.
Igualmente, reiteramos la necesidad de que se reglamente la ley de protección internacional en vigor en España desde 2009. A pesar del compromiso de España para iniciar una política de reasentamiento activa, instamos a que se concrete y garantice el traslado y la integración en nuestro país de los refugiados más vulnerables que necesiten soluciones duraderas a su situación. Pedimos que en la elaboración del reglamento de los actuales Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE) se concrete la creación de servicios de orientación jurídica a los CIES así como el acceso de organizaciones no gubernamentales para seguir identificando aquellos casos que pueden merecer protección internacional.
Un obstáculo agregado surge de los recortes en políticas sociales que los últimos meses están dificultando la integración social de la población extranjera entre la que se encuentran las personas refugiadas. La desaparición de ciertas partidas presupuestarias a los presupuestos generales del Estado para el 2012, como el "Fondo para la integración, acogida y refuerzo educativo para Inmigrantes", y otras drásticas reducciones, pueden hacer que las políticas de acogida y de integración deban sostenerse por un sistema social cada vez más débil.
La reducción del presupuesto público destinado a la gestión de la acogida e integración de las personas refugiadas puede vulnerar gravemente los compromisos adquiridos internacionalmente y lleva a las personas refugiadas que han venido a nuestro país en busca de protección internacional a la pobreza y exclusión social . En Cataluña a lo largo del 2011 y lo que llevamos de 2012 se han cerrado el 62,16% de las plazas de acogida temporal para solicitantes de protección internacional.
También, cabe destacar que los recortes en los presupuestos públicos, tanto de la Ayuda Oficial Directo de España como el de la Cooperación Descentralizada del Gobierno de Cataluña, llegando en algunos casos a más del 50%, está afectando de manera directa a la capacidad de respuesta de los actores humanitarios que trabajan para apaciguar el sufrimiento de las personas que se encuentran desplazadas por la fuerza. Es indispensable, a pesar de las circunstancias actuales, mantener nuestra solidaridad con aquellos que más sufren.
Al hacer el inventario de los grandes retos del asilo en España, en la Unión Europea y en el mundo, evocamos la situación particular de las mujeres perseguidas. Sin la protección de sus hogares, sus gobiernos y, en muchos casos, de las estructuras familiares tradicionales, las mujeres se encuentran con frecuencia en situaciones de vulnerabilidad. Se enfrentan a los rigores de largas jornadas de camino hacia el exilio, el acoso y, a menudo, el abuso y la explotación sexual, incluso una vez a de que han llegado a un lugar aparentemente seguro. No añadimos nuestra indiferencia con aquellas mujeres con las que convivimos en nuestra sociedad.
Las entidades que participamos en este acto a seguir trabajando a favor de las personas refugiadas, desplazadas internas, solicitantes de asilo, apátridas, reasentadas y devueltas, para que se respeten sus derechos tanto aquí como fuera de nuestras fronteras y, con el fin de defender los derechos de este colectivo tan vulnerable, seguiremos pidiendo a los poderes públicos que amplíen los recursos económicos, y mejoren las leyes que regulan el derecho al asilo y su aplicación.
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