Frente a los grupos y personas que legitiman y utilizan la violencia, se necesita una nueva política basada en la prevención de los extremismos violentos y la promoción de la Justicia Global
En el primer aniversario de los atentados del 17 de agosto de 2017, queremos transmitir nuestra solidaridad con las víctimas y personas afectadas. Reafirmamos nuestro rechazo a todas las formas de violencia, a todas las formas de extremismo que generan odio e intolerancia y atacan a la dignidad de todos los seres humanos. Condenamos cualquier instrumentalización de acontecimientos como el 17A por parte de quien promueve el odio y la discriminación.
Como miembros del Observatorio para la Prevención del Extremismo Violento - OPEV y de LaFede.cat suscribimos el comunicado Un año después del 17A para pedir a las instituciones una política pública basada en la prevención y el respecto a los derechos humanos y donde recogemos un conjunto de demandas a los partidos políticos, instituciones públicas y medios de comunicación.
Un año después de los atentados de Barcelona y Cambrils, el Observatorio para la Prevención de los extremismos Violentos (OPEV) y Lafede.cat recordamos las víctimas y seguimos mostrando nuestro afecto y apoyo a todas las personas afectadas por la violencia. Los que quieren sembrar el odio y el terror, encontrarán nuestra reafirmación en los valores de la paz, los derechos humanos y la democracia. Aquellos hechos luctuosos vinieron acompañados por una notoria movilización de las vecinas de la ciudad y de una sociedad civil catalana que, como se ha seguido demostrando en estos últimos doce meses, se sigue mostrando a favor de la paz y los Derechos Humanos.
Es en hechos como éste donde queremos seguir mostrando una firme condena a la cultura de la violencia y la guerra, que va desde todo uso de la fuerza hasta el incesante comercio de armas con intereses lucrativos que perpetúan el enquistamiento de tantos conflictos armados. En este caso, sigue pendiente de esclarecimiento público la actuación policial contra los perpetradores durante las horas posteriores a los ataques. En nombre de la lucha contra el terrorismo, hemos observado un uso extensivo del poder policial y la adopción de un arsenal legal represivo responsable de violaciones de derechos humanos en toda la región Euro-Mediterránea.
En este manifiesto queremos defender que las actuales políticas anti-terroristas que los gobiernos implementan en todo el Mediterráneo no sólo no han sido efectivas a la hora de evitar que esta lacra social siga creciendo, también han provocado un enorme sufrimiento en forma de violaciones de derechos humanos, restringir el espacio de la sociedad civil independiente y limitar los derechos y libertades de nuestras democracias.
Ante estas constataciones, la Asamblea de las Naciones Unidas (Plan of Action to Prevent Extremism Violence) ha pedido a todos los gobiernos y municipios que adopten una nueva política basada en la prevención de todas las formas de extremismo violento involucrando activamente a la sociedad civil y la ciudadanía y promoviendo la justicia global. Hoy, un año después de los atentados del 17 de agosto, solicitamos a las instituciones catalanas y municipales que aumenten los esfuerzos para adoptar este nuevo paradigma de actuación.
La vaguedad en las definiciones de terrorismo incorporadas a las legislaciones nacionales, tal y como demuestra el estudio elaborado por el OPEV "Sin derechos no hay seguridad" , lleva a la persecución indeterminada de individuos y colectivos, además de la criminalización arbitraria de actividades percibidas como una amenaza para la seguridad del estado. En consecuencia, se da en muchos casos un abuso indiscriminado, arbitrario y sujeto a intereses y subjetividades políticas.
Hay que desvincular el extremismo violento con extremismo religioso. No podemos caer ni legitimar ningún discurso de odio hacia las personas musulmanas y / o refugiadas en Cataluña. No nos olvidemos de que muchas otras formas de extremismo violento (el racismo, la islamofobia, o el preocupante auge de la extrema derecha) necesitan ser prevenidas desde diversos ámbitos. En Europa, según el European Islamophobia Report, el extremismo violento relacionado con discursos y crímenes de odio está en constante aumento , especialmente proveniente de partidos de extrema derecha con políticas islamófobas, antisemitas y contrarias al movimiento gitano. El gran riesgo radica en que estos discursos están siendo adaptados por partidos con un gran alcance electoral en Europa. Aunque el terrorismo sea percibido por las catalanas como una de las primeras amenazas para la seguridad en el territorio, la mayoría de la sociedad catalana está comprometida con la tolerancia y partidaria de resolver los conflictos a través de la mediación y el diálogo.
Para intentar paliar el crecimiento de los extremismos violentos, resulta indispensable que los estados respeten el estado de derecho y apliquen condiciones para la justicia social, la equidad y la buena gobernanza. La protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales, en cumplimiento de la legalidad internacional, debe ser una premisa esencial en toda estrategia contra el terrorismo, coherente con la construcción de sociedades abiertas y plurales, inclusivas y socialmente cohesionadas que promuevan alternativas efectivas a toda forma de extremismo violento.
En definitiva, creemos que el marco de actuación propuesto por las Naciones Unidas, fuertemente crítico con las actuales políticas anti-terroristas, es la mejor aproximación integral y preventiva a las causas y factores subyacentes que conducen a la propagación de toda forma de extremismo violento.Para ello, reivindicamos el rol activo e imprescindible de la sociedad civil a todos los niveles para revertir toda forma de discriminación y odio. Además, el OPEV y La Fede proclama las siguientes demandas:
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