El IDHC y otras entidades de derechos humanos envían un informe sombra para el examen de España por el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial

Los próximos 26 y 27 de abril el Estado español se someterá al examen del Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD), el órgano encargado de vigilar el cumplimiento de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial. España tiene la obligación de implementar y desarrollar las medidas necesarias para eliminar la discriminación tal como se detalla en la Convención, de la que es parte desde 1968, e informar sobre ello cada dos años para que el comité evalúe si efectivamente se están cumpliendo sus disposiciones o si se detectan situaciones de discriminación. Para ello, los expertos independientes que forman el comité analizan la información facilitada por el gobierno, que complementan y contrastan con informes provenientes de la sociedad civil, lo que se conoce como informes sombra.

El Institut de Drets Humans de Catalunya (IDHC), SOS Racisme-Catalunya, Noves Vies y la  Unión Romaní han elaborado un informe sombra conjunto que ha sido enviado al Comité, en el que se recogen algunos elementos de discriminación racial  persistentes en España y que demuestran que la eliminación del racismo en el país está lejos de ser una realidad.

Entre otras vulneraciones de derechos humanos, el informe pone de manifiesto que se siguen produciendo abusos policiales e identificaciones por perfil étnico, se niega el derecho a la salud pública por razón de procedencia debido al Real Decreto Ley 16/2012,  que limita el acceso a la sanidad pública de los extranjeros en situación irregular, y se destaca también el tratamiento de los delitos de odio, la mayoría de ellos (38,2%) por motivaciones raciales. Una problemática infradimensionada ya que entre el 80 y el 90% de estos delitos no son denunciados.

En el informe se recoge también la situación de los Menores Extranjeros No Acompañados (MENA) que, aún teniendo un pasaporte válido, son discriminados sistemáticamente según su procedencia. Finalmente, en cuanto a los medios de comunicación se demuestra que a menudo la información facilitada es discriminatoria, estereotipada y dañina para la imagen de gitanos y migrantes.

Como resultado del examen, el Comité realiza unas recomendaciones finales que el gobierno tiene la obligación de cumplir y que pueden implicar desde modificaciones legislativas hasta la realización de estudios e informes sobre situaciones determinadas.