El informe presentado por España denota insuficiencia en los esfuerzos por implementar la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer
El pasado 8 de julio el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer consideró el séptimo y octavo informe combinados que España presentó para dar cuenta de los avances o retrocesos en la aplicación de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Hoy, dicho Comité ha publicado sus conclusiones, que pueden resumirse en los siguientes motivos de preocupación:
- Contexto de crisis: el Comité recuerda a España que en tiempos de crisis económica deben hacerse esfuerzos concretos para respetar los derechos de las mujeres: mantener o aumentar la inversión y protección sociales (evitando medidas regresivas) y emplear un enfoque de género con prioridad de los colectivos de mujeres más vulnerables.
- Visibilidad de la Convención, del Protocolo Opcional y de las recomendaciones generales del Comité: hay mujeres que aún no son conscientes de sus derechos respaldados por la Convención y no tienen recursos para reivindicarlos.
- Mantenimiento de las declaraciones respecto a las provisiones constitucionales que se refieren a la sucesión de la Corona.
- Reestructuración de la maquinaria nacional para el progreso de las mujeres: como la eliminación del Ministerio de Igualdad, la falta de recursos para el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, la ausencia de una estrategia consistente de igualdad de género, etc.
- La persistencia de actitudes tradicionales arraigadas y estereotipos sobre los roles y responsabilidades de las mujeres y los hombres en la familia y la sociedad.
- La persistencia de la violencia contra las mujeres, incluyendo la violencia sexual y el alto porcentaje de mujeres muertas como resultado de la violencia doméstica.
- La persistencia del tráfico y explotación sexual.
- La escasa participación en la vida política y pública.
- La infrarrepresentación en educación técnica y vocacional.
- El desproporcionado impacto sobre las mujeres que han tenido las medidas de austeridad en materia de empleo.
- Exclusión de las migrantes en situación irregular del sistema sanitario universal, incluso para los servicios de salud sexual y reproductiva, perdiendo así la oportunidad de identificar víctimas de violencia de género y de la trata; así como la reforma del aborto planteada en febrero de 2015.
- El bajo porcentaje de propiedades agrícolas en manos de mujeres (más del 70% de los propietarios son hombres).
- Recortes de presupuesto para mejorar la situación de colectivos de mujeres desfavorecidas: especialmente migrantes, romaníes, tercera edad y discapacitadas.
- La práctica de “expulsiones en caliente” de refugiadas y solicitantes de asilo, sin ningún tipo de evaluación específica de género para cada caso.
- En materia de matrimonio y relaciones familiares, la insuficiencia de instrumentos para abordar el tema de la custodia en los casos de violencia doméstica.
Finalmente, el Comité pidió a España que en un plazo de dos años le proporcionase información escrita sobre el grado de implementación de las recomendaciones relativas a la violencia de género y a las refugiadas y solicitantes de asilo. Asimismo, deberá presentar su noveno informe en julio de 2019.
Extraído del documento "Observaciones finales del séptimo y octavo informe periódico de España"
