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España se compromete ante la ONU a impulsar medidas para mejorar la deteriorada situación de derechos humanos

Adoptado el informe final del segundo Examen Periódico Univeral (EPU) a España

Miércoles, 24 de junio de 2015

El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha adoptado esta mañana el informe final del segundo Examen Periódico Universal (EPU) a España. El estado se sometió al EPU en enero que concluyó con 189 recomendaciones hechas por los 47 estados miembros del Consejo para mejorar situación de los derechos humanos en territorio español. Hoy, una delegación del gobierno, encabezada por la embajadora Ana Menéndez Pérez, ha comunicado al Consejo que se compromete a implementar la mayoría de estas recomendaciones (169) y toma nota de las 20 restantes; una manera de decir, en lenguaje diplomático, que las rechaza.

Una vez más, España se niega a abolir el régimen de detención incomunicada que permite tener a una persona sospechosa de terrorismo o de crimen organizado hasta 13 días sin ver a un abogado o a un médico de su elección y sin poder comunicarse con su familia. Se ha rechazado también la recomendación hecha por Alemania de revisar la reforma que en 2014 anuló la jurisdicción universal para impedir a los tribunales españoles juzgar a personas, independientemente de su nacionalidad, por crímenes de derecho internacional. Dos recomendaciones rechazadas y a las que la embajadora no hizo mención durante su intervención.

La representante española tampoco se refirió a la situación en las fronteras, en especial en Ceuta y Melilla, y a las recomendaciones hechas por varios estados sobre la necesidad de garantizar el acceso al derecho al asilo; acceso claramente violado por la práctica de las devoluciones sumarias e inmediatas que España está llevando a cabo. De hecho, el representante del Consejo de Europa ha reclamado un cambio en la legislación española para garantizar el acceso a este derecho.

Entre las medidas aceptadas cabe destacar las que hacen referencia a la protección del derecho de reunión y manifestación pacíficas y a la libertad de expresión. Este examen de la situación de derechos humanos en España se produce justamente seis días antes de que entre en vigor la Ley de Seguridad Ciudadana. Ley contra la que se ha manifestado la sociedad civil y sobre la que diferentes procedimientos de Naciones Unidas y del Consejo de Europa han planteado dudas por limitar de manera excesiva y desproporcionada estos derechos. "Habrá que ver como España hace compatibles los compromisos asumidos hoy con la aplicación de esta ley" destaca Aida Guillen, gerente del IDHC que estuvo presente durante la sesión del Consejo.

España también se ha comprometido a analizar y a intentar paliar los efectos que la crisis económica ha tenido y tiene sobre el disfrute efectivo de los derechos económicos, sociales y culturales, pero ha rehusado hacer un estudio sobre el impacto de las medidas de austeridad que el propio gobierno ha implementado y que, como ya ha dicho el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales en anteriores ocasiones, son causantes de un claro retroceso en derechos como la alimentación, la vivienda o la salud.

El Examen Periódico Universal es un mecanismo de protección de los derechos humanos al que se deben someter todos los estados miembros de las Naciones Unidas cada cuatro o cinco años. Si bien es un mecanismo político, ya que la evaluación la llevan a cabo los propios estados -en vez de expertos independientes-, precisamente en este carácter político radica su fortaleza.

Hoy España ha asumido unos compromisos que debe cumplir, aunque los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos carecen, en general, de fuerza ejecutiva. Pese a ello, "suponen una fuente de información muy valiosa y dotan a nuestras acciones de incidencia de legitimidad y solidez. Con la difusión y la visibilización de estos compromisos tenemos que intentar conseguir que procesos como el EPU no sean un simple ejercicio internacional de cinismo", dijo Aida Guillén, que ha tenido la oportunidad de participar en la sesión con una declaración oral. Durante su intervención ha denunciado recortes en derechos sociales como la alimentación, la vivienda o la salud; restricciones legislativas a libertades fundamentales como la Ley de Seguridad Ciudadana o el Código Penal; y vulneraciones de los derechos de los extranjeros con las "devoluciones en caliente" y el internamiento en los CIE e indicó que desde las entidades de la sociedad civil haremos seguimiento de estos compromisos.

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