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La Estructura de Derechos Humanos de Catalunya pide compatibilizar el proceso de digitalización con los derechos de las personas más vulnerables

Durante la pandemia, las administraciones no han cumplido con la obligación de prestar asistencia en el uso de medios electrónicos

Miércoles, 8 de junio de 2022

Esta mañana ha tenido lugar la jornada “Retos para los derechos derivados de la brecha digital”, organizada por la Estructura de Derechos Humanos de Catalunya (EDHC), que está integrada por el Síndic de Greuges y el IDHC.

La jornada se ha iniciado con la inauguración por parte de Rafael Ribó, síndic de greuges de Catalunya, y Monte Tafalla, presidenta del IDHC, que han hablado de la importancia de disponer del Plan de derechos humanos y la necesidad de que los diversos gobiernos dediquen esfuerzos y recursos para cumplir los retos que plantea. También han justificado la necesidad de esta jornada, sobre todo porque a raíz de la pandemia y con la digitalización de la Administración los colectivos más vulnerables han visto desprotegidos parte de sus derechos más esenciales.

La jornada de hoy se ha dividido en dos partes. En la primera, se ha informado de los trabajos realizado para la elaboración del Plan y del proceso de identificación de indicadores que permitan hacer el seguimiento de su cumplimiento. En este punto, Jaume Saura, adjunto general del Síndic, ha hablado sobre el alcance y el contenido del documento.

El Plan de derechos humanos, presentado en 2019, consta de un conjunto de acciones legislativas, administrativas y políticas que deben ponerse en marcha para hacer efectivos los derechos humanos en Catalunya en un periodo de cuatro años. A lo largo del 2021 se encargó a las entidades que participaron en la elaboración del Plan el diseño de un mecanismo de seguimiento del cumplimiento de las acciones.  Laia Serra, abogada penalista y activista, ha explicado el proceso de elaboración de los indicadores que tienen que evaluar el cumplimiento de la implementación en materia LGTBI.

La segunda parte de la jornada se ha centrado en el impacto de la digitalización de la Administración en el goce efectivo de los derechos humanos, en especial en los colectivos más vulnerables.

Rafael Jiménez Asensio, doctor en derecho y consultor institucional, ha impartido una ponencia sobre la brecha digital en la atención ciudadana de las administraciones públicas. Para Jiménez Asensio, el proceso de digitalización es inevitable, pero a la vez es imprescindible que las administraciones garanticen que no se deja nadie atrás, y, por lo tanto, deben armonizar adecuadamente este proceso con el derecho de las personas a relacionarse presencialmente, de forma física o, si lo prefieren, mediante papel. En este contexto, ha criticado que durante la pandemia las administraciones han sido incapaces de cumplir con sus obligaciones de prestar asistencia en el uso de medios electrónicos a las personas físicas. Jiménez Asensio también ha destacado que se está produciendo una fortificación de las organizaciones públicas, que han perdido su razón de ser, que es atender las personas y prestarles servicios. Según el experto, esta fortificación afecta, sobre todo, a los colectivos más vulnerables.

Posteriormente, ha tenido lugar una mesa redonda en la que han participado Mónika Jiménez-Morales (UPF), para hablar de las TIC y los derechos de la infnacia; Elena Costas (KSNET), que ha tratado la vulnerabilidad y la brecha digital; Karlos Castilla (IDHC), que se ha centrado en las tecnologías, la igualdad y la no-discriminación, y Alejandro Forero (OSPDH), que ha abordado la brecha digital que sufren las personas privadas de libertad.

Durante la claura, Rafael Ribó ha destacado que la jornada traslada el mensaje a las administraciones de que hay que implementar medidas para garantizar los derechos de las personas más vulnerables ante la brecha y la pobreza digital. También ha mencionado los riesgos de la inteligencia artificial para los derechos de las personas (opacidad, posible vulneración del derecho a la privacidad y protección de datos personales) y ha interpelado directamente las instituciones de ombudsman, en su papel de garantes de estos derechos.

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