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Incidencia | Viernes, 8 de enero de 2016

Los estados restringen los derechos y las libertades de la población que tienen el deber de garantizar

España y otros países europeos están poniendo en peligro el Estado de Derecho con leyes justificadas en nombre de la seguridad ante el terrorismo internacional


El pasado martes 15 de diciembre tuvo lugar la conferencia 'Seguridad vs. Libertad, bajo la sombra del terrorismo internacional' en el Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB), donde se debatieron las últimas decisiones de la comunidad internacional y del Estado español que hacen prevalecer la seguridad de los estados por encima de todo y que ponen en peligro los derechos y libertades de las personas.

En la conferencia participaron David Bondia, presidente del Institut de Drets Humans de Catalunya (IDHC), Endika Zulueta, abogado de la Asociación Libre de Abogados de Madrid, y Erika Torregrossa, vocal de la Comisión Justicia Penal Internacional (BPI-CAPI). La conversación estuvo introducida por el ex decano del ICAB, Luis del Castillo.

En su ponencia, Endika Zulueta expuso que para él no existe una dicotomía entre libertad y seguridad ya que la seguridad no es un problema que la población priorice, sino que el Gobierno se vale de ella para restringir los espacios de libertad.

En el caso español, quiso destacar que en el último año se han aprobado la Ley Orgánica 1/2015 de modificación del Código Penal, la Ley Orgánica 2/2015 de modificación del Código Penal en materia de terrorismo, la Ley Orgánica 36/2015 de Seguridad Nacional y la Ley Orgánica 4/2015 de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza, entre otras, con las que se extrema la protección de la seguridad de la autoridad y se dejan desprotegidos los derechos fundamentales al ampliar delitos y con el endurecimiento de condenas.

Para Endika Zulueta, estas acciones se justifican ante la población como necesarias para combatir al enemigo: una figura creada por los gobiernos para culparlo de lo que sucede. Con respeto a la cuestión del terrorismo, este enemigo, que se presenta como peligroso para la seguridad nacional y que debe ser eliminado, no tiene garantías procesales, por lo que se da carta blanca a los estados para actuar libremente con medidas que puedan ir en contra de los derechos y libertades fundamentales de la población.

Así pues, si desde el Estado "se cometen, en nombre de la seguridad, brutalidades y actos de terror contra gente inocente", estas actuaciones son normalizadas y no se cuestionan. A estas actuaciones estatales corresponden, por ejemplo, los conocidos como daños colaterales en territorios en guerra.

Tras los últimos sucesos como los ataques en París, la comunidad internacional ha decidido, además de bombardear Siria y el Estado Islámico, tomar medidas excepcionales en nombre de la seguridad nacional, debido a que los ataques son considerados actos de guerra que las justifican. Este Estado de sitio rompe con el principio de legalidad e impide el derecho a la libertad de la ciudadanía, que es considerada por los gobiernos como una concesión y no como un derecho fundamental inherente al ser humano.

Para el abogado vasco, esta argumentación es la que se ha utilizado en el caso de España para firmar el Pacto de Estado contra el Terrorismo y expuso que la verdad es que "esta legislación va dirigida al resto de la población y no a los yihadistas que no se rigen por nuestras normas". Por tanto, las medidas adoptadas en el pacto no sirven para solucionar este conflicto.

De acuerdo con su ponencia, lo que se está llevando a cabo a nivel legal es ampliar las capacidades represivas de los derechos fundamentales de las Fuerzas y Cuerpos del Estado ante las personas que "de una forma u otra, e incluso pacíficamente, cuestionen el sistema socioeconómico establecido".

Es el caso que presentó a continuación David Bondia sobre la demanda que ha interpuesto en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra la Ley de Seguridad Ciudadana por parte de periodistas y activistas que se consideran víctimas potenciales de esta ley por defender los derechos y libertades de la población.

Respecto a esta demanda, el presidente del IDHC afirmó que con la Ley Mordaza se busca fomentar el miedo y la censura en estos colectivos y que la población renuncie a sus derechos. Como ejemplo, aclaró que no es cierto, como se ha dicho, que los ciudadanos no pueden grabar a las fuerzas y cuerpos de seguridad, sino que lo que no se puede es usar datos personales o profesionales que pongan en peligro su seguridad, la de las instalaciones o el éxito de una operación.
En la situación en la que nos encontramos, David Bondia llamó a buscar respuestas con los recursos que tiene la población para hacer frente a las restricciones de libertades, y enumeró algunas de las ideas que se tienen que tener en cuenta en materia de derechos humanos. En esta lista destacó que hay que potenciar el vínculo entre derechos humanos y democracia para no acabar con el Estado de Derecho.

El Estado tiene la obligación de garantizar los derechos humanos de las personas y, en caso de no hacerlo, por acción o por omisión, el deber de la sociedad es denunciarlo. Sin embargo, explicó que sí que se pueden limitar los derechos pero "hay que exigir que sea con todas las garantías: previsión legal, necesidad en una sociedad democrática y finalidad legítima". Si esto no se cumple, Bondia defendió en su ponencia que la sociedad tiene el recurso de la desobediencia civil y que hay que reivindicar este derecho.

Finalmente, recordó que no solo el Estado tiene el deber de garantizar los derechos de todos, sino que la población también tiene que reconocer responsabilidades y no colaborar, aunque sea de forma indirecta, con medidas en nombre de la seguridad que violen otros derechos y libertades de las personas.

[Artículo de Carla Giné @Carlagv_92, colaboradora del IDHC]

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