Publicado el anuario de CEIPAZ sobre las amenazas e involución en materia de derechos humanos y seguridad

El Centro de Educación e Investigación para la Paz - Ceipaz Fundación Cultura de Paz ha publicado su anuario 2017/2018, dedicado a los derechos humanos y la seguridad internacional. Una reflexión conjunta sobre las amenazas e involución en este campo.

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Con motivo del 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos el anuario recoge los análisis de distintos expertos sobre el fortalecimiento de la democracia y la redefinición del concepto de seguridad en el plano internacional y regional. Donde se ha pasado de un enfoque multidimensional y desarrollista de la seguridad centrada en la persona a una visión de contención de riesgos y de amenazas externas.

La criminalización de la protesta frente al nuevo ciclo de movilizaciones sociales: ¿Dónde quedaron los compromisos de derogación de la Ley Mordaza?

El presidente del IDHC, David Bondia, participa en la publicación con un artículo en el que se analiza la actual situación de criminalización de la protesta en el Estado español y cómo los derechos humanos son herramientas para frenar la deriva represiva y para hacer frente a los recortes en prestaciones sociales. 

Hace especial mención en la Ley de Seguridad Ciudadana, la cual prioriza la presunción de veracidad de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado frente a la presunción de inocencia; pilar fundamental de cualquier régimen democrático. De ello se extrae la intencionalidad de la ley: anteponer, en todo momento, la seguridad ciudadana, como bien jurídico, a otros derechos. Sin embargo, de conformidad con los estándares internacionales, los conceptos de seguridad y orden público deberían interpretarse de manera limitada y no extensiva.

Es necesario derogar la Ley de Seguridad Ciudadana porque vulnera los compromisos nacionales e internacionales en materia de derechos humanos.

Varias de las disposiciones de la Ley de Seguridad Ciudadana no se adecuan a lo estipulado en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ni en el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Y así lo han afirmado distintas instituciones internacionales de derechos humanos como el Relator Especial de Naciones Unidas sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, el Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa y el Comité de Derechos Humanos de la ONU.

Una Ley de Seguridad Ciudadana adaptada a la realidad del siglo XXI debería incorporar una visión holística de los derechos humanos e incorporar las obligaciones derivadas del reconocimiento de la seguridad como un derecho que el Estado debe proteger y no un argumento para limitar otros derechos.