Català | Castellano

Síguenos:

Boletín del IDHC

Suscríbete ahora

Asóciate al IDHC

Tu granito de arena

En el IDHC trabajamos para hacer avanzar la historia de los derechos humanos. Una historia en la que todas y todos nosotros tenemos un papel que desempeñar.

¿Quieres formar parte?

Agenda y calendario de actos

Becas para realizar el 40ª Curso de Derechos Humanos 2022

Cuándo:
Del 24 de enero al 24 de febrero del 2022


[Sesión formativa] Introducción al enfoque interseccional

Cuándo:
3 de febrero del 2022

Dónde:
Plataforma zoom


Defender los derechos humanos en Perú y América Latina: Acceso a mecanismos de protección internacional

Cuándo:
Del 7 de febrero al 25 de marzo del 2022

Dónde:
aulaIDHC.org


Ver más

Martes, 30 de noviembre de 2021

Solicitamos al Congreso de los Diputados que den marcha atrás y no se apruebe que los funcionarios de prisiones sean considerados agentes de la autoridad

La enmienda propuesta por Unidas Podemos y PSOE abre las puertas a la policialización de los funcionarios de prisiones así como a un aumento de la arbitrariedad en las decisiones que afectan a las personas presas.


En un comunicado publicado esta mañana un total de 26 organizaciones manifestamos una «absoluto rechazo» a la enmienda formulada por el PSOE y Unidas Podemos a la Ley Mordaza que reconoce a los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad. Por tal motivo, los colectivos hemos registrado una petición dirigida a las portavocías de los grupos parlamentarios que componen la Comisión de Interior del Congreso con la finalidad de «frenar una modificación legislativa que implicaría una nueva regresión democrática».

Esta propuesta «implica romper con el consenso establecido en la Ley General Penitenciaria aprobada en el año 1979». Esa norma, «supuso un salto democrático, ya que creó un cuerpo civil para la gestión de los centros penitenciarios, en contra de lo que sucedía durante el régimen franquista». En este sentido, la enmienda «abre las puertas a la policialización de los funcionarios de prisión», ya que, de conformidad con los principios constitucionales, «los criterios que han de guiar su actuación son de índole tratamental y no de régimen ni orden público».

Esta reforma constituye «el abandono del paradigma rehabilitador que teóricamente debe guiar el funcionamiento del sistema penitenciario». En su lugar, esta enmienda implanta un modelo en el que «las personas privadas de libertad podrán ser sancionadas por hechos leves tanto por la  vía administrativa-penitenciaria, como también en la vía penal generando un aumento de los casos en los que se acuse y condene por atentado, resistencia o desobediencia a agentes de la autoridad». Además, esta reforma también supondrá «un incremento de las dificultades para denunciar situaciones de maltrato en contexto de privación de libertad». De esta manera la presunción de veracidad de los funcionarios de cárcel que pretende introducir la reforma «actuará como un elemento disuasorio a la hora de presentar denuncias e iniciar procedimientos ante una eventual contradenuncia por parte de los funcionarios». Asimismo, aumenta el margen de arbitrariedad en los expedientes sancionadores, incluidos aquellos que afectan gravemente a derechos fundamentales como los aislamientos en celda.

Las organizaciones firmantes ponemos de manifiesto nuestro desconcierto respecto a esta enmienda, dado que esta propuesta se presenta poco tiempo después de haber publicado el Comité para la Prevención de la Tortura (CPT) del Consejo de Europa su informe tras su última visita al Estado español. Respecto a la situación de los centros penitenciarios, el CPT ha afirmado que «sigue existiendo un patrón de malos tratos físicos infligidos por los funcionarios de prisiones como reacción desproporcionada y punitiva al comportamiento recalcitrante de los presos». Según la delegación del CPT,  las denuncias efectuadas por las personas privadas de libertad no pueden ser tratadas como resultado de las acciones de uno o dos funcionarios, «sino que representan una cultura más profunda de abuso de poder e impunidad entre ciertos funcionarios de prisiones que trabajan en estas cárceles». Por todo ello, solicitamos a los grupos parlamentarios que den marcha atrás en esta reforma que supondría «un paso atrás en la garantía de los derechos de las personas privadas de libertad y un paso adelante en la consolidación de la cultura de abuso de poder e impunidad denunciada por el Consejo de Europa».

Organizaciones firmantes:

  • Asamblea de la Marcha contra la Macrocárcel de Zuera
  • Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA)
  • Asociación Libre de Abogadas y Abogados de Madrid - ALA
  • Asociación Libre de Abogados y Abogadas de Zaragoza - ALAZ
  • Asociación de Derecho Penitenciario Rebeca Santamalia (ASDEPRES)
  • Asociación Salhaketa - Araba
  • Asociación Salhaketa - Nafarroa
  • Associació Catalana per a la Defensa dels Drets Humans
  • C. A. M. P. A. (Colectivo de Apoyo a Mujeres Presas en Aragón)
  • Ceivar, Organismo Popular Anti-repressivo
  • Colexio da Avogacia de Ourense
  • Comisión Legal Sol
  • CNT-AIT Tarragona
  • Observatorio del sistema penal y los derechos humanos de la Universidad de Barcelona
  • EsCulCa
  • Famílies de Presos a Catalunya
  • Federación Andaluza Enlace
  • Federación Provincial de Drogodependencias Liberación
  • GrupoDerechosCiviles15mZaragoza
  • IACTA Cooperativa d’Advocades
  • Institut de Drets Humans de Catalunya
  • Irídia - Centre per a la defensa dels drets humans
  • La Corda - Grup anticarcerari de Reus
  • OTEANDO. Observatorio para la defensa de los derechos y libertades
  • SODePAz Balamil
  • Zambra Málaga

Te puede interesar

Sala de prensa, Incidencia | Actualidad | Jueves, 23 de diciembre de 2021

Comunicado relativo al anuncio de modificación de la Circular 2/21 del Departamento de Justicia de la Generalitat, sobre el Protocolo de aplicación de mediados de contención en los centros penitenciarios de Cataluña y su Protocolo de desarrollo

 


Sala de prensa, Incidencia | Actualidad | Martes, 9 de noviembre de 2021

Comunicado de la plataforma DqD ante la posible reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana (Ley Mordaza)

El Gobierno y el Congreso deben tener en cuenta los compromisos internacionales para proteger, respetar y garantizar los derechos humanos

Investigación | Publicaciones

Derechos humanos y no discriminación en estado de alarma Derechos humanos y no discriminación en estado de alarma

Karlos Castilla, investigador del IDHC

ACTO PRESENCIAL

La Ley Mordaza o la Ley de seguridad ciudadana: exposición y debate

La Ley Mordaza es la arbitrariedad, el control y la censura hecha ley. Registros corporales en plena calle, pudiendo implicar incluso el desnudo (artículo 20); retenciones por parte de los agentes y listas negras de infractores (art. 16);...

Cuándo:
2 de febrero del 2015, 19:00

Dónde:
Casal d'Entitats Mas Guinardó - Barcelona (Plaça Salvador Riera, 2)

Av. Meridiana 32, ent. 2a (esc. B) | 08018 Barcelona
T.: +34 93 119 03 72 | +34 655 856 163
institut@idhc.org

© Institut de Drets Humans de Catalunya.
Aviso legal | Mapa web | Contacto

Página web x Space Bits