Informe Criminalización de la disidencia, expansión del sistema penal y situaciones de abuso policial como respuestas ante la situación de crisis económica en CataluñaInforme

El Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona, junto a la organizaciones sociales y profesionales que suscriben también el
presente Informe, comparecen ante el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura con el fin de poner en su conocimiento, de acuerdo a lo establecido por el Convenio Europeo para la Prevención de la tortura y otros tratos inhumanos o degradantes de 1989, una serie de situaciones producidas a lo largo del año 2011 y los primeros meses del 2012, en el territorio de la Comunidad Autónoma de Catalunya que pueden ser violatorios de los dispuesto en el art. 3 del CE de DDHH.

La exposición de los hechos es la que se vierte a continuación y que, para su debida exposición y comprensión se presentan separadamente en epígrafes en los cuales se describen situaciones, se señalan documentos probatorios y se ejemplifican con casos concretos.

Asimismo, y como Anexo al presente documento, se adjunta el Informe elaborado por la Coordinadora para la prevención y la denuncia de la tortura del Estado español
recientemente elaborado que, haciendo expresa referencia al pasado año 2011, refleja un más que notable aumento de malos tratos denunciados y presuntamente ocasionados por las fuerzas policiales en Catalunya, lo cual representa un claro motivo de preocupación.
Todos los hechos que se describen en el presente documento, se ponen en conocimiento del Comité Europeo citado con una expresa petición al mismo que se efectúa al final del presente. La narración es la que se expone a continuación.

1. Introducción

Hace justo un año, numerosas organizaciones sociales y profesionales de Catalunya dedicadas a la defensa de los derechos humanos, presentamos a la Comisión del CPT que visitó España, un informe sobre la situación de los derechos humanos en diversos lugares e instituciones del sistema penal: Centros Penitenciarios, comisarías, Centros de Internamiento para Extranjeros, así como algunos casos de denuncia por la actuación policial y la actitud que estaban tomando agentes de la policía así como sus superiores respecto de los manifestantes. En este último caso, la visita de la Comisión coincidió con el desalojo del movimiento 15M de la Plaza de Catalunya (27 de mayo de 2011), ante lo cual, preocupados por los hechos, recibieron un informe de lo ocurrido con un dossier de documentos gráficos denunciando
la violencia policial, y los múltiples heridos que hubo por golpes y por disparos de pelotas de goma.

Todo ello, fue presentado como una seria advertencia del aumento de la represión de la disidencia y de la protesta social, con métodos policiales no respetuosos
con legalidad propia de un Estado de Derecho, pidiendo que fuera un traspaso de límites irrepetible.

Un año después de aquella denuncia, la represión policial no ha hecho más que aumentar y agravarse. La legítima protesta social debida a los recortes del Estado de
bienestar y las políticas de austeridad tomadas por los gobiernos catalán y español, han ido acompañados del endurecimiento de las políticas y prácticas punitivas. En pocos meses, entre medidas de ajuste presupuestario y rescates de bancos, el gobierno ha anunciado cambios legislativos dirigidos a facilitar la persecución de la protesta social, ha aplicado nuevas técnicas policiales para la represión de las manifestaciones, ha incentivado la delación ciudadana, etc. Todo ello ha ido acompañado
de la extensión y proliferación de nuevos y viejos discursos criminalizadores, y en ocasiones, de la complacencia del poder judicial. Por ejemplo, durante los últimos meses hemos presenciado la publicación de imágenes de ciudadanos sospechosos de provocar altercados durante la huelga general en una página web, sin que estén acusados de ningún delito; la suspensión del Tratado de Schengen y blindaje de la ciudad de Barcelona durante la celebración de la cumbre del Banco Central Europeo; la detención y el encarcelamiento preventivo de estudiantes universitarios y sindicalistas bajo argumentos muy cuestionables; el reclamo por reformar el Código Penal para equiparar situaciones tan dispares como la llamada “resistencia pasiva” con la “activa” o el señalamiento por parte de altos jefes de la policía catalana a la Universidad como lugar que alberga a “los violentos”. Esta mera enumeración es lo suficientemente elocuente para ilustrar cómo el desmoronamiento del Estado social va acompañado por el fortalecimiento de un Estado penal que, sin escatimar gastos, está más preocupado por reprimir las expresiones de disidencia y protesta que por satisfacer los reclamos de una ciudadanía harta del expolio a que se ve sometida.

Pero, junto con este aumento de la persecución de la protesta, la violación de los derechos humanos en los lugares de privación de libertad también se ha visto agravada.
Si en aquella visita se dejaron de manifiesto numerosas situaciones de malos tratos, sobre todo en situación de aislamiento, el recrudecimiento de las condiciones en las
cárceles catalanas, sobre todo bajo el régimen DERT (Departaments de Regim Tancat), no ha hecho más que aumentar. Asimismo, la violencia ejercida en los procesos de expulsión y el maltrato y condiciones propias de privación en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), demuestran que el aumento de esa represión está
sucediendo en todas las agencias e instituciones de control penal, dando como resultados casos de tortura y/ o malos tratos preocupantes.

Este escenario, que se relatará por apartados en el siguiente informe, quiere dejar constancia del serio riesgo que las nuevas medidas y políticas significan para los
derechos fundamentales de las personas que expresan su desacuerdo con la actual situación política, social y económica.

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