Manifiesto-Acusación, Juicio Popular Castor. Ante la impunidad, la ciudadanía acusa.

El desenlace del proyecto de almacenamiento geológico de gas natural Castor parece no llegar nunca. El proyecto, concedido a ESCAL UGS (participada en un 66,6% por ACS, de Florentino Pérez) por parte del gobierno del PSOE, hibernó su actividad en 2013, tras provocar un millar de sismos que sacudieron las poblaciones de las tierras del Sénia. Posteriormente al desastre, estudios del IGME y del IGN ya corroboraron la relación causa-efecto entre la inyección de gas en la planta marítima y los terremotos. Sin embargo, el gobierno del PP permitió a ESCAL UGS renunciar a la concesión y la compensó, además, con una indemnización de 1.350 millones de euros abonados en menos de 40 días y en un contexto de importantes recortes sociales . A día de hoy, las instalaciones siguen paradas, y aunque estén hibernadas no hay de momento un calendario para su desmantelamiento. Nadie se ha hecho responsable del desastre y, en cambio, la ciudadanía ha tenido que asumir una deuda que ascenderá a más de 3.400 millones de euros, y que ya se está pagando desde el 1 de enero de 2016 en nuestras facturas del gas.

Desde el año 2007, la Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia ha alertado de los peligros socioambientales de este proyecto. Ha denunciado incansablemente diferentes procedimientos, permisos y prácticas controvertidas durante todo el proceso y ha hecho, así, una tarea de información, control ciudadano y participación activa que la administración y la misma empresa promotora han obviado y menospreciado desde el inicio. Desde 2013, y a partir de la entrada en escena del BEI, el Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG) también ha avisado de los riesgos de la refinanciación del proyecto a través de los bonos de proyectos, de la financiarización de esta infraestructura y de la generación potencial de deuda ilegítima que terminaría pagando la población. Tras el desastre y la indemnización mediática, la opinión pública también ha mostrado su desaprobación, pero es víctima de la desinformación, de la lentitud del caso y de su complejidad.

A pesar de la causa abierta en el juzgado núm. 4 de Vinaròs, donde se están investigando delitos de prevaricación medioambiental, contra el medio ambiente y los recursos naturales, no hay garantías para la población de que aquellas situaciones no se vuelvan a repetir, ni tampoco de que se señalen sus responsables principales. Ante esta impunidad, y casi 4 años después de los terremotos, el conjunto de la ciudadanía afectada por los impactos sociales, medioambientales y financieros del Proyecto Castor, y especialmente la población del territorio que sufrió y sigue sufriendo sus consecuencias, merece un juicio justo por esta causa. Es por este motivo que el 17 de junio de 2017 diversas organizaciones de la sociedad civil impulsamos un Juicio Popular al Proyecto Castor, para denunciar y juzgar estos hechos y acusar a sus responsables, con la urgencia, rigor y transversalidad que este caso requiere.

La realización de un Juicio Popular al Proyecto Castor surge como necesidad de la sociedad civil organizada de garantizar, colectivamente, sus derechos y recuperar su dignidad, con el objetivo de:

1. Escuchar las voces de la ciudadanía involucrada e incluir la memoria histórica de los territorios, para evitar que el caso caiga en el olvido;
2. Hacer balance del camino recorrido, así como poner en valor, las acciones realizadas por las organizaciones como la Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia durante todos estos años, y la Associació d’Afectats i Afectades per la Plataforma Castor en los últimos tiempos;
3. Ejercer control ciudadano; exigir responsabilidades y negligencias en el caso del Proyecto Castor en las tierras del Sénia, así como el desmantelamiento de la Plataforma; y
4. Denunciar, en definitiva, la vulneración de derechos fundamentales con consecuencias de alcance local, estatal y global, reclamando el ejercicio de la soberanía popular.

Para hacerlo, creemos importante que el Juicio Popular se realice en los términos que la población considere y decida, fuera de connivencias y servilismos; utilizando principios y criterios que no son exclusivamente legales; y ampliando el ámbito de acusación más allá de los impactos del Castor en las tierras del Sénia.

Las partes que señalamos por el desastre social, medioambiental y financiero que ha resultado y sigue resultando el Proyecto Castor y que, por tanto, sentaremos en el banquillo de la parte acusada en el Juicio, incluso en el caso de que decidan no comparecer, son:

1. La empresa ESCAL UGS/ACS (Actividades de Construcción y Servicios) y, de manera agravada, su presidente Florentino Pérez,
   ACUSADOS de la construcción del Proyecto Castor, donde los terremotos son sólo la punta del iceberg de una cadena de delitos ambientales, sociales y económicos a nivel local y global, como es la deuda generada, así como otros casos de megaproyectos impuestos e inútiles en el Estado español y fuera de éste, como es en países del Sur global.
    
2. El Gobierno español y el Ministerio de Industria, Energía y Turismo
   ACUSADOS de prevaricación ambiental, mala administración y ayuda estatal encubierta. Específicamente en relación a la ocultación de información relevante en relación al Proyecto Castor y no garantía del derecho a la información de la población; connivencia con la empresa (acompañó y aprobó costes sobredimensionados en el Proyecto y garantizó el cobro a través de las cláusulas del contrato), en lugar de garantizar el interés público.
    
3. El Banco Europeo de Inversiones,
   ACUSADO de prevaricación ambiental, generación de deuda ilegítima y financiación del modelo de gas. Específicamente en relación a hacer posible la refinanciación del Proyecto Castor gracias a la emisión de bonos, y financiar otras infraestructuras de gas en Europa con la misma lógica e impacto.

El Juicio Popular dará voz a testimonios como la Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia y la Associació d’Afectats i Afectades per la Plataforma Castor; los cuales testificarán ante el Tribunal en relación a la opacidad, la falta de participación pública y los impactos socio-ambientales del Proyecto Castor. También se contará con diversos peritajes del ámbito geológico, medioambiental, de derecho procesal y sobre los impactos de la financiarización y de las grandes infraestructuras fomentadas por las instituciones europeas, para explicar el modelo de industria gasística que representa el Proyecto Castor, así como los impactos económicos y sociales que tiene sobre el medio ambiente y las personas. Por último, se dará voz a personas de comunidades del Sur global afectadas por proyectos de la misma ACS que testificaran sobre los impactos de esta empresa fuera de las fronteras nacionales y sobre su lógica de actuación.

El veredicto y la sentencia que surjan del mismo servirán para seguir haciendo incidencia en las instituciones (locales, catalanas y estatales) y los otros actores señalados, como la empresa ACS y el Banco Europeo de Inversiones. Es urgente continuar trabajando para el desmantelamiento de las instalaciones del Proyecto Castor, entre otras reivindicaciones de las poblaciones locales. Asimismo lo es el hecho de poder revertir la actual situación de pago de deuda ilegítima que asciende a más de 3.400 millones de euros y que recae sobre la ciudadanía.

Exigiremos justicia, la reparación del daño causado y la garantía de no replicación de este modelo que nos endeuda social, ambiental y económicamente.
No queremos más proyectos Castor; que la historia no vuelva a repetirse nunca más, en ningún lugar.

Así lo expresan las entidades abajo firmantes, que convocan a toda la ciudadanía a ser parte de esta acusación y a asistir al Juicio Popular el próximo sábado 17 de junio en Barcelona.