Los tres procesos abiertos en el Tribunal Supremo contra Garzón están a punto de culminar. Estamos ante una persecución política y judicial contra el juez que tuvo el coraje de iniciar la instrucción sobre la trama de corrupción partidista Gürtel. También, contra uno de los pocos jueces del Poder Judicial español que ha osado investigar los crímenes del franquismo -atendiendo así la demanda de tutela judicial de numerosas asociaciones ciudadanas -, e iniciar un proceso sobre los desaparecidos como consecuencia de la represión y exterminio franquista.
El 16 de octubre de 2008 Garzón se declaró competente para investigar los crímenes del franquismo. Y lo hizo en base a la evolución del Derecho penal internacional dirigido a proteger y sancionar las violaciones de los derechos humanos más elementales. Según este Derecho, los crímenes contra la humanidad, los crímenes de guerra y el genocidio integran una categoría de delitos que se caracterizan por la prohibición de toda impunidad y prescripción. Delitos que no pueden ser objeto de amnistía, olvido y perdón. Queda así desautorizado aquel Estado que, normalmente en el tránsito de una dictadura a un régimen posterior, adopte normas y demás disposiciones que impidan la persecución de los delitos de esta magnitud. De ahí la anulaciónción de la "Ley de punto final y obediencia debida" en Argentina; o también que la Audiencia Nacional haya podido procesar a Pinochet y juzgar a Scilingo, entre otros. De ahí también que la Ley de Amnistía española de 1977, como lo ha indicado el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, tampoco pueda amparar la impunidad y la falta de investigación de estos tipos delictivos.
Pero cuando la mirada de la justicia española ha querido proyectar sobre nuestro pasado histórico, la realidad política se ha desenmascarado. Y así la demanda de Manos Limpias y Libertad e Identidad, herederas directas del franquismo, contra el juez Garzón, acusándole de prevaricación por pretender investigar los crímenes del franquismo ha sido aceptada por el Tribunal Supremo. Esto ya (ha supuesto), por ahora, la interrupción de esta investigación, la separación del juez y el riesgo de su condena.
Si esta condena se produjera supondría una denegación de justicia particularmente grave para las víctimas del franquismo que el juez había amparado. También, y por extensión, la denegación de justicia y de restablecimiento de la verdad para todos los actos criminales y violadores de los derechos humanos perpetrados por la dictadura. Entre otros, el exilio y la represión republicana, el secuestro de miles de niños en los años de la dictadura, o bien la legítima pretensión de anulación de las sentencias de los consejos de guerra y de otras jurisdicciones franquistas, como el TOP. En resumen, una intolerable contribución para reforzar la impunidad de la que ha disfrutado durante tanto tiempo la dictadura franquista!
En la persecución contra Garzón y en el efecto intimidatorio que ésta puede tener en otros jueces también hay en cuestión un menosprecio de la necesaria independencia de los jueces en su función de interpretar las leyes -y en general frente a otros poderes estatales- y una conculcación del derecho penal internacional, instrumento indispensable para ofrecer una protección frente a violaciones de los derechos humanos. En fin, hay pues un gran desconocimiento y transgresión del Estado democrático y de Derecho previsto en la Constitución española!
Los que entendemos la democracia como un proceso que debe avanzar en materia de derechos, participación ciudadana auténtica e igualitaria, pensamos que examinar públicamente los crímenes del franquismo contra los defensores del régimen legítimo republicano, hacer justicia y reparar el daño a las víctimas es un camino del todo imprescindible. Como también lo es restablecer la memoria de la resistencia antifascista en vistas a una cultura que merezca ser calificada como democrática.
Absolución de Garzón!
Continuidad en la instrucción de las causas por los desaparecidos y los niños secuestrados del franquismo, de acuerdo con el derecho penal internacional!
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