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Sala de prensa, Incidencia | Lunes, 6 de marzo de 2017

El Ayuntamiento de Barcelona impulsará una querella contra Carlos Rey el abogado y militar que firmó la pena de muerte de Salvador Puig Antich

Además de esta iniciativa el IDHC juntamente con otras entidades instaron el Ayuntamiento de Barcelona a elaborar una moción para interponer una querella criminal por los crímenes contra la humanidad cometidos por el franquismo


Coincidiendo con el 41º aniversario del asesinato de Salvador Puig Antich y también con el asesinato de 5 sindicalistas en Gasteiz en manos de la policía, en 1976, el Ayuntamiento de Barcelona ha anunciado que presentará una querella contra el abogado Carlos Rey, actualmente aun en activo, que firmo la sentencia de muerte de Salvador Puig Antich. El ayuntamiento barcelonés, que pertenence a la Red de Ciudades contra el Franquismo, ha escogido el caso de Puig Antich por su trascendencia, con la voluntad que pueda crear un precedente jurídico que sirva para reabrir nuevos casos para juzgar los crímenes del franquismo.

Hasta ahora, el principal obstáculo contra el cual se han tenido que enfrentar los que han intentado llevar a juicio los crímenes del franquismo ha sido la misma ley de amnistía española. Aun así, el teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Jaume Asens, precisava que jurídicamente hay argumentos para defender la apertura de una causa contra los crímenes del franquismo, a pesar de la ley de amnistía que hay vigente.

En la misma línea, David Bondia, presidente de l’Institut de Drets Humans de Catalunya y miembro de la coordinadora estatal de apoyo a la querella argentina aportaba argumentos jurídicos por tal de defender la apertura de casos de crímenes contra la humanidad cometidos durante la dictadura franquista. Bondia hacía referencia al caso Scilingo, una sentencia fundamental a nivel estatal, ya que la Audiencia Nacional condemnó esete militar argentino por crímenes de lesa humanidad, a pesar que Argentina había aprobado una ley de amnistía después de la dictadura. Por otra parte, el teniente de alcalde, Jaume Asens, mencionaba el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cuyas sentencias son vinculantes por el Estado Español. Concretamente, este Tribunal Europeo condenó en 2001 a 246 personas provenientes de la antigua República Democrática de Alemania (RDA), la mayoría militares, por haber participado en el asesinato de las personas que intentaban atravesar el muro de Berlín. Por el Tribunal Europo, aunque las órdenes habían sido legales dentro de la RDA, no tenían legitimación a nivel de derecho internacional humanitario.

La Audiencia Nacional condenó un militar argentino por crímenes de lesa humanidad a pesar de que Argentina había aprobado una ley de amnistía después de la dictadura

A estos argumentos aun tiene que añadirse el hecho que España es signataria del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que establece, en su artículo 15.2 que "nada impedirá el juicio y la condena por actos o omisiones que en el momento de cometerse fueran delictivos según los principios generales de derecho reconocidos por la comunidad internacional". Así pues, en el momento de cometerse, estos crímenes estaban castigados, primero por la legislación republicana, después por la propia legislaciópn franquista, como delitos ordinarios y, finalmente, por el derecho internacional vigente en el momento de perpetrarse.

Con estos argumentos, Asens espera que si no se admite a trámite la querella de Puig Antich a nivel español, al menos se pueda presentar recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, una vez se hayan agotado todas las vías de recurso interno. La idea es que el caso se convierta en un litigio estratégico que permita crear un precedente aplicable a otros casos.

Por lo que respeta a la moción, Bondia pidió que no se capitalizaran políticamente las querellas contra los crímenes del franquismo y defendió que cerrar la puerta a los tribunales en estas cuestiones es contrario a los derechos humanos. 

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