El Comité de Derechos Humanos de la ONU identifica numerosas violaciones de derechos civiles y políticos en España

El Comité de Derechos Humanos de la ONU identifica numerosas violaciones de derechos civiles y políticos en España
jueves, 23 de julio de 2015

España se sometió este año al examen del Comité de Derechos Humanos, el órgano encargado de supervisar el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.  Como resultado de este examen, el Comité elabora unas conclusiones finales en las que se identifican los aspectos contrarios a las disposiciones del Pacto y se indican las medidas que el Estado debe realizar para revertir estas violaciones.

Tras el examen realizado a España los pasados 6 y 7 de julio, el Comité ha hecho públicas sus conclusiones, en las que se señalan como contrarias a los derechos contenidos en el Pacto las siguientes situaciones:

  • No aprobación del Segundo Plan de Derechos Humanos.
  • Falta de recursos para que el Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica cumpla con su mandato; así como los indicios de su falta de independencia.
  • Utilización de perfiles raciales y étnicos como base para los controles policiales, con especial perjuicio de la minoría romaní.
  • Discriminación de inmigrantes, extranjeros y minorías étnicas en el acceso a ciertos derechos fundamentales como el acceso a la vivienda, educación, empleo y atención a la salud.
  • Práctica de esterilización forzada a personas con discapacidad.
  • Persistencia de la discriminación de género en cuanto a la representación en los sectores públicos y privados, especialmente en los puestos decisorios; así como en cuanto a las diferencias salariales entre hombres y mujeres.
  • Persistencia de la violencia doméstica contra la mujer, especialmente inmigrantes y romaníes, quienes no suelen denunciar las violaciones sufridas.
  • Las recientes propuestas de reforma de la LO 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, en particular la presentada en febrero de 2015, ya que puede aumentar los abortos ilegales y poner en riesgo la vida y salud de las mujeres en España.
  • Malos tratos y uso excesivo de la fuerza por agentes de policía: incluyendo tortura y malos tratos, particularmente en el marco de protestas ciudadanas.
  • Uso recurrente de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) para privar la libertad de inmigrantes en situación irregular.
  • Régimen de incomunicación del detenido: la iniciativa de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal no contempla la abolición del régimen de incomunicación y no garantiza todos los derechos establecidos en el art. 14 del Pacto, en particular el derecho a la asistencia letrada y/o médica.
  • Expulsión de los solicitantes de asilo e inmigrantes indocumentados a través de la práctica de “expulsiones en caliente” que tienen lugar en Ceuta y Melilla.
  • Malos tratos y uso excesivo de la fuerza en las operaciones de expulsión de solicitantes de asilo e inmigrantes indocumentados.
  • Ley de seguridad privada: podría permitir que agentes de seguridad privada, sin capacitación en materia de derechos humanos, ejerzan actividades llevadas a cabo por agentes del Estado.
  • Mantenimiento en  vigor de la Ley de Amnistía de 1977, que impide la investigación de las violaciones de los derechos humanos del pasado como la tortura, las desapariciones forzadas y las ejecuciones sumarias. Regula de forma deficiente los procedimientos de búsqueda, exhumación e identificación de personas desaparecidas, cuya localización e identificación corre a cargo de los familiares. Además, dificulta el acceso a los archivos (particularmente los militares).
  • Persistencia de España como país de destino, tránsito y origen de mujeres y niñas, hombres y niños, víctimas de la trata con fines sexuales y de trabajo forzoso.
  • Preocupación sobre los métodos utilizados para determinar edad de los menores no acompañados, que en ocasiones no respetan la sensibilidad de los niños y niñas y ponen en riesgo su integridad física.
  • Demora en la adopción de la pretendida reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que tendría como fin la restricción del recurso al secreto de sumario y la garantía del derecho de toda persona declarada culpable de un delito a que el fallo condenatorio y la pena impuesta sean sometidos a un tribunal superior.
  • Ley de Seguridad Ciudadana (Ley No. 4/2015), y su efecto disuasorio para la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica. Uso excesivo de sanciones administrativas -sin ciertas garantías- contenidas en la Ley; el uso de términos vagos y ambiguos en algunas disposiciones que podría dar lugar a un amplio margen de discrecionalidad en su aplicación; y la prohibición de hacer uso de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Extraído del documento “Observaciones finales sobre el sexto informe periódico de España”.

 

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Documentació estudiada durant l'examen