El entramado jurídico e institucional que debe servir para proteger derechos humanos se dirige a atender las violencias directas, olvidando las violencias estructurales y culturales

En un mundo cada vez más urbanizado, las ciudades tienen un papel clave en la construcción de sociedades más justas, que favorezcan la convivencia, la equidad, la democracia y que garanticen el respeto a los derechos humanos. Más allá de la perspectiva macroscópica sobre paz y seguridad el informe publicado por el Centre Delàs d’Estudis per la Pau, con la colaboración del IDHC, La violencia y la paz en las ciudades más allá de la seguridad hegemónica, invita a ampliar la comprensión que tenemos sobre las violencias que están más presentes en el día a día de las personas: las violencias en los contextos urbanos. A través de la caracterización de algunas de las violencias que se dan en las ciudades, y de las implicaciones que éstas tienen en la garantía de cumplimiento de los derechos humanos, los autores suscriben la narrativa del empoderamiento de la ciudadanía como vía para hacer llegar a todas las personas el derecho a la ciudad y la paz desde en entorno local.

La principal reflexión del informe es la necesidad de un cambio de paradigma para dejar de entender la paz como ausencia de guerra o conflicto armado y empezar a entender la paz en sentido positivo como justicia social, satisfacción de necesidades básicas y pleno ejercicio de derechos humanos para todas las personas. De manera que los planteamientos que se dan normalmente para proveer seguridad cambien radicalmente de perspectiva, integrando otros conceptos y prácticas que contribuyen a construir una seguridad centrada en las personas.

Según Tica Font, investigadora del Centre Delàs d’Estudis per la Pau y autora del informe: “construir Paz y Convivencia social en nuestros municipios requiere que nos respetemos en la diversidad, que todas las personas podamos tener cubiertas las necesidades vitales y sean respetados los derechos humanos”.

El informe concluye que las normativas y políticas dirigidas a garantizar la protección de los derechos humanos y la paz en las ciudades abordan esencialmente la violencia directa, dejando en un plano minoritario el abordaje de las violencias culturales y estructurales, igual de necesarias para garantizar la protección y los derechos de las personas. La investigación también hace énfasis en que es la sociedad civil la que se organiza para hacer frente a estas violencias culturales y estructurales que tienen una gran influencia en erosionar el derecho a la ciudad de las personas.

Los investigadores también apuntan a la necesidad de implementar medidas para garantizar los derechos humanos en las ciudades, como forma de impulsar medidas de paz y convivencia que reduzcan las diferentes formas de violencia. En este sentido, Karlos Castilla, investigador del IDHC y autor del informe, apunta que “el incumplimiento de los contenidos mínimos de los derechos humanos y las insuficiencias de sus garantías son el origen de diferentes violencias, pues el simple hecho de que no se garanticen es en sí mismo una forma de violencia”. Por tanto, implementar medidas para cumplir con los derechos humanos y garantizar la eficacia de estas medidas, puede ayudar a poner fin a diferentes violencias (cultural, física, estructural).

Por último, la investigación también concluye que el acceso a los derechos básicos, a través de servicios públicos no monetarizados, podría explicar los niveles bajos de violencia cotidiana directa en nuestras ciudades a pesar de los niveles altos de desigualdad económica, por lo que se recomienda reforzar y generar un buen sistema de protección social para contribuir a la construcción de paz positiva, frenando también las políticas de neoliberalismo imperante.

Puedes consultar y descargar el resumen ejecutivo y el informe completo.