España responsable por violencia obstétrica, según el Comité derechos de las mujeres de la ONU

Una mujer que fue sometida a inducción prematura del parto y cesárea sin su consentimiento fue víctima de violencia obstétrica, según el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de la ONU.

El Comité publica su dictamen tras revisar una denuncia presentada por una ciudadana española, que alega sufrir un trauma físico y psicológico duradero como consecuencia de su experiencia durante el parto.

En la denuncia informó al Comité que acudió a un hospital público a las 38 semanas de gestación, por haber roto aguas. El hospital ignoró el período protocolario de espera de 24 horas, y, sin proporcionarle información sobre las alternativas existentes, le indujo el parto de forma prematura y sin su consentimiento. La denunciante fue sometida a múltiples tactos vaginales y no se le permitió comer. Después se le practicó una cesárea sin justificación médica, operación durante la cual tuvo los brazos atados y a la cual no pudo asistir su esposo. La cesárea fue realizada por un grupo de médicos internos residentes en formación supervisados ​​por tutores, sin el consentimiento previo de la denunciante.

Cuando nació su bebé, no pudo tocarlo porque aún tenía los brazos atados. El bebé fue llevado de inmediato al pediatra y no tuvo oportunidad de tener contacto piel con piel. Posteriormente, la denunciante tuvo que acudir al médico por síntomas de ansiedad relacionados con la experiencia de parto y fue diagnosticada con trastorno de estrés postraumático posparto.

Llevó el caso a los tribunales en España, pero durante el proceso, se afirmó que es el médico quien decide si practicar una cesárea y que el daño psicológico sufrido  es una cuestión de percepción.

El Comité considera que la denunciante fue víctima de violencia obstétrica, un tipo particular de violencia sufrida por las mujeres en los centros de salud durante la atención del parto, un fenómeno generalizado, sistemático y arraigado en los sistemas de salud.

“Si los médicos y las enfermeras hubieran seguido todos los estándares y protocolos aplicables, es probable que la víctima hubiera dado a luz de forma natural sin tener que pasar por todos estos procedimientos que la dejaron física y mentalmente traumatizada”, señala Hiroko Akizuki, miembro del Comité.

Y agrega que “Los Estados parte tienen la obligación de adoptar medidas apropiadas a fin de modificar o abolir no solamente leyes y reglamentaciones, sino también costumbres y prácticas que constituyan violencia obstétrica.

El Comité en su dictamen exige a España una reparación adecuada por los daños de salud física y psicológica sufridos. Y solicita al estado que respete la autonomía y la capacidad de las mujeres para tomar decisiones informadas sobre su salud reproductiva, brindando información completa en cada etapa del parto y exigiendo que se obtenga su consentimiento libre, previo e informado para cualquier tratamiento invasivo durante la atención del parto.

En este sentido, insiste en la obligación de las administraciones de impartir formación en materia de derechos de salud reproductiva de la mujer del personal sanitario y la capacitación especializada al personal judicial.