Los tribunales españoles deben priorizar la protección de niños y niñas contra la violencia doméstica y el abuso

A raíz de la reciente sentencia de un juzgado de Pozuelo de Alarcón y confirmada por un tribunal superior, que concede la custodia completa de una niña de siete años a su padre acusado de abusos sexuales, un grupo de expertas de las Naciones Unidas advierten de que la decisión constituye un error judicial y pone a la niña en grave peligro. 

La declaración está firmada por Reem Alsalem, Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias; Melissa Upreti, Dorothy Estrada Tanck, Elizabeth Broderick, Ivana Radačić y Meskerem Geset Techane, del Grupo de Trabajo sobre la discriminación contra las mujeres y las niñas; Tlaleng Mofokeng, Relatora Especial sobre el derecho a la salud física y mental; y Nils Melzer, Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

Ya en diciembre de 2021 este mismo grupo había solicitado al Estado español que asegure un enfoque centrado en los menores y sensible al género para superar los prejuicios contra las mujeres por parte de sus tribunales. 

En la declaración advierten que no se trata de un problema aislado, sino que continúan recibiendo información sobre casos de madres que pierden la custodia y a veces incluso se enfrentan a situaciones de encarcelamiento, por intentar proteger a sus hijas e hijos de padres abusivos.

Ante un sistema judicial que parece favorecer a los padres a la hora de otorgar la custodia, aún en los casos en los que existen antecedentes de violencia doméstica o pruebas de abuso contra niños y madres, los niños y niñas siguen expuestos al riesgo de violencia y abuso sexual.

Las expertas expresan su preocupación por el caso de Diana García M., que perdió la custodia de su hija tras la decisión del juzgado de Pozuelo de Alarcón confirmada por un tribunal superior en febrero de 2022. A pesar de los antecedentes de violencia doméstica y de las pruebas de abusos sexuales cometidos contra su hija durante años, el tribunal de apelación determinó que el padre no suponía un riesgo para la niña y le concedió la custodia completa, fijando un régimen de visitas a favor de la madre.

La decisión del tribunal contraviene tanto normas internas, puesto que la legislación en España impide conceder la custodia compartida en casos de violencia de género, como también normas internacionales.

Ignorar las pruebas de los abusos sexuales contra la niña y de la violencia de género contra la madre y conceder la custodia al padre es claramente contrario al interés superior de la niña, una obligación fundamental según la Convención sobre los Derechos del Niño. Asimismo, contraviene lo resuelto por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer en el caso Ángela González Carreño vs. España de 2014.

Además, las expertas denuncian la aplicación por parte del tribunal de la pseudo teoría de la alienación parental, a pesar de que su empleo está prohibido en España por la Ley Orgánica 8/2021 de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia. La alienación parental, una idea desacreditada en los círculos científicos, refleja la creencia de que cuando una niña o niño teme o evita a uno de sus padres, se debe a la influencia del otro progenitor, y no a las propias experiencias del niño. Prueba de ello lo constituye el hecho de que el tribunal concluye que mantener la custodia de la niña con la madre supondría el riesgo de dañar aún más la relación entre hija y padre, ya que estaría "induciendo en la menor la creencia de que su padre es malo".

En la declaración, solicitan a España que tome “medidas urgentes para proteger a la hija de la Sra. Diana García M. del grave riesgo de sufrir daños adicionales, y que se adopten medidas más amplias para evitar que se siga aplicando mal la ley".