La campaña #RegularizaciónYa, impulsada por colectivos de personas migrantes y organizaciones de derechos humanos, solicita al gobierno la regularización permanente y sin condiciones de todas las personas migrantes y refugiadas ante la emergencia sanitaria.
La crisi del COVID-19 pone en evidencia, una vez más, que la población migrante y refugiada es quien más sufre los efectos de las políticas de ajustes y recortes en el ámbito sanitario, social, laboral y económico y el consecuente empeoramiento de sus condiciones de vida. Una situación que se agrava en el caso de las casi 600 mil personas que se encuentran en situación administrativa irregular.
Ante esta realidad, en la carta enviada al gobierno, se solicita:
- Regularización amplia y extraordinaria de todas las personas migrantes que viven en territorio español, independientemente de los requisitos que impone la Ley de Extranjería.
- Resolución favorable e inmediata de todas las solicitudes y expedientes de asilo y refugio.
- Para la consecución de esta regularización extraordinaria, el Gobierno debe de asegurar procedimientos y medios administrativos expeditos para la tramitación y resolución de estos expedientes.
- Priorizar el derecho a la vida familiar y el interés superior del menor en todos los trámites de regularización familiar, sin supeditarse a ningún requisito administrativo.
- Liberación inmediata de todas las personas internas en CIEs y CETIs de Ceuta y Melilla, anulación de todos los expedientes de deportación y agilización de los laisse-passez y, por último, cierre definitivo y permanente de estos centros.
- Sanciones efectivas y eliminación de todo tipo de acción policial y de seguridad discriminatoria, basada en la identificación por perfil étnico.
- Para la infancia/juventud migrante sin referentes adultos en el Estado español: sustento económico y apoyo socio-educativo en la transición hacia la autonomía en la vida adulta, una vez cumplida la mayoría de edad. Adjudicación retroactiva de la residencia con trabajo desde la fecha inicial de la declaración de desamparo en caso de no haberse regularizado al cumplir los 18 años.
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