El Consejo de Derechos Humanos aprueba las recomendaciones del Examen Periódico Universal a España

El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha adoptado el resultado final del cuarto Examen Periódico Universal (EPU) a España. El informe recoge todas las recomendaciones formuladas para mejorar la situación de los derechos humanos en el país y especifica cuáles el gobierno se ha comprometido a implementar, cuáles toma en consideración sin asumir compromisos y cuáles rechaza.

Como organización con estatus consultivo ECOSOC, hemos participado activamente en las distintas fases del proceso. Y el pasado 26 de septiembre asistimos a la sesión final, en la que intervinimos para valorar el desarrollo del EPU a lo largo del año.

En la intervención, celebramos que varias de las recomendaciones que impulsamos ante los Estados miembros y observadores del Consejo fueran asumidas. Entre ellas destacan:

• La regulación de la inteligencia artificial bajo parámetros de derechos humanos (por primera vez).
• La eliminación efectiva de las identificaciones por perfil étnico-racial.
• La inclusión de la movilidad humana en la planificación para la adaptación al cambio climático (por primera vez).
• El desarrollo de políticas de mitigación y adaptación al cambio climático con perspectiva interseccional (por primera vez).
• La revisión de la Ley de Seguridad Ciudadana para garantizar la libertad de expresión, asociación y reunión.
• La investigación y sanción efectivas de los discursos de odio.
• El desarrollo de políticas públicas eficaces contra la discriminación racial.

Al mismo tiempo, alertamos sobre el crecimiento exponencial del número de recomendaciones recibidas por España en cada ciclo: 189 en 2015, 275 en 2020 y 324 en 2025. Esta tendencia refleja, por un lado, la aparición de nuevos retos que impactan directamente en los derechos humanos —como el cambio climático o la inteligencia artificial— y, por otro, la falta de avances sustantivos en ámbitos ya señalados en ciclos anteriores, como la lucha contra la discriminación y los discursos de odio, el perfilamiento étnico-racial, los derechos de las personas migrantes y refugiadas, las restricciones a la libertad de expresión y manifestación, o el derecho a la vivienda.

“En el Estado español se requieren hechos, acciones y políticas que den muestra efectiva de avances, ya que los marcos normativos y discursos, aunque necesarios, resultan insuficientes si no se traducen en transformaciones reales”.

Por ello, reclamamos la creación de mecanismos estables, permanentes y accesibles de diálogo y coordinación con la sociedad civil en todo el territorio, que vayan más allá de comunicaciones formales puntuales.

Finalmente, expresamos nuestra preocupación por el debilitamiento de los mecanismos multilaterales de derechos humanos e instamos al Estado español y al resto de Estados a cumplir con sus obligaciones y compromisos internacionales, incluida la provisión de los recursos necesarios para garantizar su funcionamiento efectivo.