En las obligaciones se solicitan modificaciones normativas e institucionales para garantizar los derechos recogidos en la Convención contra la Desaparición Forzada
El pasado 17 de septiembre España se sometió al examen del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED) sobre el grado de cumplimiento en el país de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.
Tras el estudio de los informes presentados por España y las explicaciones brindadas por sus representantes, el Comité elaboró sus observaciones finales, que pueden consultarse aquí.
Como aspectos positivos, se celebra la adopción del Estatuto de la víctima del delito (Ley Nro. 4/2015) y la creación de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática (Real Decreto Nro. 139/2020). Medidas adoptadas en respuesta a las observaciones del Comité tras el examen anterior en 2015.
En las observaciones se señalan también cuestiones que deben ser revisadas para adecuar la normativa e instituciones españolas a los estándares de la Convención. En este sentido, se solicita que se tomen las siguientes medidas:
En lo que refiere a la adaptación normativa:
Respecto de la investigación de casos de desaparición forzada:
Impulsar la investigación de desapariciones ocurridas en el pasado;
Sobre la prevención de desapariciones forzadas: