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Los derechos de los inmigrantes en el CIE

La muerte de Mohamed Abagui el 22 de mayo pasado en una celda de aislamiento y la huelga de hambre iniciada el 7 de junio por un grupo de internos del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Zona Franca en Barcelona ha vuelto a llamar la atención

Domingo, 20 de junio de 2010

La muerte de Mohamed Abagui el 22 de mayo pasado en una celda de aislamiento y la huelga de hambre iniciada el 7 de junio por un grupo de internos del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Zona Franca en Barcelona ha vuelto a llamar la atención sobre la situación de los derechos humanos en estos centros.

Con una medida extrema como la huelga de hambre, este grupo de internos quiere llamar la atención sobre la pésima situación en la que se encuentran. En este sentido, varias ONG han denunciado en reiteradas ocasiones que los internos de los CIE no tienen acceso a servicios sanitarios adecuados, son víctimas de malos tratos y de amenazas por parte de los funcionarios. Los internos no son informados sobre sus derechos lo que ha dado lugar a que potenciales solicitantes de asilo, víctimas de violaciones a los derechos humanos en sus países de origen, no hayan tenido ni siquiera la posibilidad de solicitar esta protección internacional.

Debemos recordar que en el Plan de Derechos Humanos, el gobierno español ha dedicado dos medidas a la “garantía de los derechos humanos en los CIE”. Concretamente, las medidas 106 y 107, cuyo texto es el siguiente:

MEDIDA 106. Se elaborará un Protocolo sobre los servicios mínimos, aspectos esenciales del funcionamiento y régimen interno de los CIE, estableciendo una diferencia clara entre los aspectos de seguridad y los socio-asistenciales.

MEDIDA 107. Se reformará y aumentará la red de centros de internamiento de extranjeros, con el fin de mejorar las condiciones y la calidad de vida de los inmigrantes irregulares mientras se tramitan los procesos de repatriación.

El internamiento en los CIE, que debería funcionar como una medida excepcional (asegurar el cumplimiento de la sanción administrativa de expulsión), se está utilizando como un castigo contra personas que, recordemos, no han cometido ningún delito, sino una falta administrativa. Estas personas son privadas de su libertad en centros que no tienen una normativa transparente que regule su funcionamiento, en condiciones peores que las de un régimen penitenciario, lo que da lugar a todo tipo de arbitrariedades y de violaciones a los derechos humanos.

Es necesario llamar la atención sobre esta situación vergonzosa que afecta a las personas ingresadas en los CIE y sobre la necesidad de que se regule de manera clara el funcionamiento de los mismos, garantizando el respeto de la dignidad humana y el cumplimiento de las normas de protección y garantía de los derechos humanos. Como ya señalara el IDHC con relación al segundo borrador del Plan de derechos humanos presentado por el gobierno, “damos la bienvenida a cualquier medida que dignifique la estancia de personas extranjeras en situación irregular en los CIE, pero el problema de fondo es que el ingreso obligatorio en estos CIE implican la imposición de una situación de privación de libertad por la comisión de una falta administrativa, lo cual vulnera un derecho tan básico como el de la libertad personal. Los CIE deben ser desmantelados” .

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