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Incidencia | Martes, 17 de junio de 2014

Denuncia ante la ONU: Retrocesos en derechos humanos en España

Con el pretexto de la crisis económica el gobierno ha implementado políticas y reformas legislativas que limitan e incluso vulneran derechos fundamentales


Retrocesos en el acceso a la sanidad, la educación, la vivienda o la alimentación; restricciones a la libertad de expresión y de manifestación; aumento de casos de malos tratos a personas inmigrantes; y las condiciones de las personas privadas de libertad son algunas de las cuestiones que se denuncian en el informe enviado a la Naciones Unidas para denunciar las violaciones de derechos humanos que se están produciendo en el territorio español.

La grave situación social que se vive en España, como consecuencia de la crisis económica, se ve agravada por las políticas y reformas legislativas que atentan frontalmente contra derechos sociales básicos y libertades civiles. Para denunciar esta situación, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat (CCAR), Educación por la Acción Crítica, Entrepobles, el Grupo de Investigación en Derechos Humanos y Sostenibilidad de la Cátedra UNESCO de la Universidad Politécnica de Cataluña, el Institut de Drets Humans de Catalunya, el Observatori DESC, Rights International Spain (RIS) y SOS Racisme Catalunya han enviado un informe al Consejo de Derechos Humanos de la ONU para que sea tenido en consideración durante el próximo Examen Periódico Universal a España.

En el informe se detallan las normas que han desmantelado el modelo universal y gratuito de salud, que garantizaba el derecho a la salud tal como se recoge en la Constitución, introduciendo la figura del asegurado, el copago farmacéutico o restringiendo su acceso a las personas inmigrantes en situación irregular. También se constata la vulneración del derecho a la vivienda y a la alimentación de muchas familias en un país en el que en 2013 se han producido 67.189 desalojos, de los cuales 38.141 están vinculados al impago del alquiler, y 7 millones de personas, el 16% de la población, sufre malnutrición.

Frente a esta realidad, se denuncia la actitud de las administraciones públicas, pues “las respuestas institucionales han sido totalmente contrarias a cubrir estas necesidades emergentes y a cumplir con su responsabilidad de proteger y satisfacer los derechos en juego. Se han eliminado ayudas como la renta básica de emancipación, ayudas a la dependencia y a su vez se establecen criterios más restrictivos para el acceso a prestaciones como el PIRMI y se congelan las pensiones. Las transferencias sociales contribuyen de modo insuficiente a la reducción de la pobreza y la precariedad laboral aumenta también el riesgo de pobreza en la población trabajadora”.

También se refleja en el informe la contestación social frente a esta situación con entre 90 y 100 manifestaciones y concentraciones diarias. En el documento se denuncia que el gobierno hace frente a este descontento social con medidas represivas, tanto legislativas como ejecutivas, que limitan la libertad de expresión, la libertad de manifestación y que, en definitiva, pretenden criminalizar la protesta. En el informe se reclama específicamente la retirada del Anteproyecto de Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, y en su caso, que se lleve a cabo una profunda revisión tal y como han puesto de relieve distintas organizaciones, así como el Consejo General del Poder Judicial y el Relator Especial de Naciones Unidas sobre el derecho de reunión.

Por último, se ponen de manifiesto las graves violaciones de derechos humanos que sufren las personas privadas de libertad, tanto en prisiones como en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), y se llama la atención sobre los derechos de los extranjeros. Además, de solicitar el cierre de los CIE, se destaca la grave situación que se está viviendo en Ceuta y Melilla con expulsiones colectivas contrarias a derecho, que vulneran el acceso al derecho de asilo y la violación del principio de no devolución. En el informe se denuncia que “Ceuta y Melilla se están convirtiendo en centros de internamiento o ciudades­-cárcel, las personas no disponen de libertad de movimiento, no pueden salir de ellas mientras se ejecutan las expulsiones o se tramitan los expedientes de asilo. Existe una opacidad absoluta en relación a acceso a la protección de las personas que llegan a través de puertos como polizones. Imposibilidad, además, de acceder a la información, así como a la asistencia letrada y de intérprete.”

El informe se envió el pasado viernes 13 de junio a la secretaría del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para que sea tenido en consideración en el próximo Examen Periódico Universal (EPU) que se realizará a España en enero de 2015. Este mecanismo de Naciones Unidas evalúa la situación de los derechos humanos en los 192 estados miembros, a partir de la información aportada, en forma de informes, por el gobierno respectivo, por las ONG e instituciones nacionales de derechos humanos y por Naciones Unidas. El resultado final del examen es un documento de recomendaciones que el estado examinado se compromete a cumplir.

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