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Incidencia | Jueves, 13 de octubre de 2016

El gobierno de España quiere inmigrantes "legales", pero les niega el inicio de los trámites de extranjería

Comunicado de SOS Racisme, CCAR y el IDHC sobre las dificultades para obtener cita previa en las oficinas de extranjería de Barcelona


  • En las oficinas de extranjería de la provincia de Barcelona resulta imposible obtener una cita para iniciar los trámites de extranjería.
  • La falta de acceso a estos trámites pone en riesgo a miles de personas condenándolas al desamparo y la inseguridad jurídica.

Desde hace ya algunos meses, las personas que quieren iniciar cualquier trámite en las oficinas de extranjería de la provincia de Barcelona -como la autorización de retorno, la residencia de menores, la reagrupación familiar, la residencia por circunstancias excepcionales y la residencia de familiares de ciudadanos de la UE- no pueden hacerlo, ya que es imposible obtener una cita para iniciar los trámites.

Esta situación ha sido constatada por la Defensora del Pueblo a instancias del Síndic de Greuges, quien formuló una Recomendación a la Subdelegación de Gobierno en Barcelona, ​​en la que exige "incrementar el personal adscrito a la Oficina de Extranjeros en Barcelona, para garantizar la disponibilidad de cita previa para la realización de los diversos trámites de extranjería en un plazo razonable, adaptando la oferta de las mismas a la demanda real existente".

En el Instituto de Derechos Humanos de Cataluña, la Comisión Catalana de Ayuda al Refugiado y SOS Racismo Cataluña tenemos constancia de que la recomendación de la Defensora no ha sido atendida y los problemas para la obtención de citas persisten.

La falta de acceso a los trámites de extranjería pone en riesgo a miles de personas, condenándolas al desamparo o la inseguridad jurídica. La población extranjera que, debido a la inoperancia de la administración, queda sin autorización de entrada, salida, estancia y residencia, ve limitado su acceso y disfrute de los derechos que estas categorías implican y otros derechos fundamentales reconocidos constitucionalmente y legal.

Si bien la Subdelegación de Gobierno ha comunicado a la Defensora del Pueblo que facilitará los trámites fuera de los plazos legales para las personas que han visto caducados sus permisos, mientras no dispongan de un documento acreditativo de su situación jurídica podrían ser expulsadas, ver denegada la entrada o se les puede abrir cualquier otro tipo de expediente sancionador. Todo ello a pesar de que su situación "irregular" está causada por la propia administración.

Cuando los cuerpos de seguridad del estado identifican personas extranjeras en situación "irregular" en las calles y en los puntos fronterizos, los problemas administrativos resultan irrelevantes. Se exige a estas personas que dispongan de un documento oficial que indique, al menos, el inicio de los trámites. Documento que sólo se puede obtener a través de una cita en la oficina de extranjería.

Esta situación demuestra una vez más la falta de compromiso y de responsabilidad de la administración del Estado con los derechos fundamentales de las personas extranjeras, sin importar su condición migratoria ni su situación administrativa.

Exhortamos a la Defensora del Pueblo a seguir vigilando el comportamiento de las Instituciones del Estado para salvaguardar los derechos fundamentales de miles de personas que se ven afectadas por la imposibilidad de conseguir una cita en las oficinas de extranjería de la provincia de Barcelona .

Exigimos al gobierno que, a través de su Subdelegación en Barcelona, ​​implemente medidas que permitan de manera sencilla y breve que toda persona afectada disponga de un documento que acredite su situación, para no genera'ls allí mayores afectaciones a derechos que les han reconocido para entrar, salir, permanecer y / o residir en España.

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