Desde 2010, que España se sometió al EPU por primera vez, se ha utilizado el pretexto de la crisis económica para implementar numerosas reformas que limitan y rescinden derechos
El próximo 21 de enero se celebrará en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en Ginebra, un debate sobre la situación de los derechos humanos en España. La sesión, en el que participan delegaciones de todos los estados miembros de la ONU, forma parte del Examen Periódico Universal, un procedimiento al que todos los estados estás obligados a someterse para evaluar el grado de cumplimiento de la legislación internacional en materia de derechos humanos.
En el debate se plantearán las medidas que ha llevado a cabo el gobierno y que han tenido un impacto directo en la protección y garantía de los derechos humanos. Entre otras, la delegación española deberá dar explicaciones sobre la limitación de la justicia universal, los efectos sobre la población de las medidas de austeridad llevadas a cabo a partir de 2011 o las reformas legislativas que restringen derechos y libertades fundamentales como el acceso a la justicia, o el derecho de reunión y la libertad de expresión. Cuestiones que ya han sido denunciadas por distintos organismos internacionales de protección de los derechos humanos.
Esta será la segunda vez que España se someta al Examen Periódico Universal. Tras el primer examen, en 2010, el gobierno se comprometió a adoptar una serie de medidas para mejorar el ejercicio de los derechos en el país. Cuatro años después gran parte de estas medidas no se han realizado y la protección y ejercicio de los derechos humanos ha empeorado considerablemente. Así se recoge en sendos informes del Alto Comisionado de los Derechos Humanos en los que se incluye información facilitada por el Defensor del Pueblo, por los diferentes organismos de protección de los derechos humanos de la ONU y por entidades de defensa de los derechos humanos.
Estos dos informes así como el enviado por el gobierno español constituyen la base del examen. En un primer momento, la documentación es analizada por los 47 estados miembros del Consejo de Derechos Humanos, y a partir de la cual formulan sus preguntas en la sesión de debate que se celebrará el próximo miércoles 21. Tras las tres horas de diálogo, una troika formada por Reino Unido, Sierra Leona y Macedonia es la encargada de realizar un informe final con el diagnóstico de la situación de los derechos humanos en España en forma de recomendaciones para mejorarla. Este informe será presentado en una próxima sesión del Consejo, presumiblemente en junio, cuando el gobierno español comunicará que recomendaciones se compromete a seguir y cuáles rechaza. Un momento clave para analizar el compromiso del actual gobierno con los derechos humanos.
Entre la información que se considera en el examen se encuentran los informes que el Institut de Drets Humans de Catalunya envió en colaboración con otras entidades de la sociedad civil y en los que se incluyen nuestras principales preocupaciones sobre lo que entendemos “un ataque sistemático y continuo a los derechos humanos.
Al debate, que se celebrará el miércoles 21 de enero a partir de las 9 de la mañana, asistirá Aida Guillén gerente del Institut de Drets Humans de Catalunya, que lo retransmitirá desde @institut_IDHC