Caso Clarena: Erosión costera, respuestas comunitarias y participación en la gestión del riesgo desde el Pueblo Indígena Wayuu

El documento dividido en dos partes, analiza la situación de la comunidad indígena Twuliá, perteneciente al Pueblo Wayuu y ubicada en Cachaca III, Riohacha (La Guajira), Colombia, frente a la erosión costera y sus efectos sobre el territorio, los medios de vida y la movilidad humana. En la parte de diagnóstico muestra que la pérdida progresiva del territorio ha afectado viviendas, espacios comunitarios, un cementerio ancestral y un aljibe, además de actividades como la pesca, la recolección y el pastoreo. Estas afectaciones se relacionan con derechos como la vivienda, el agua, la alimentación, la cultura, la autonomía y la continuidad comunitaria.

La investigación adopta una metodología cualitativa, participativa y situada, basada en el diálogo de saberes y la coproducción de conocimiento con la comunidad. Se utilizaron entrevistas, talleres con jóvenes y mujeres, revisión documental, análisis jurídico y técnico, así como información producida por la propia comunidad. El documento destaca especialmente el acompañamiento de Clarena Fonseca y la importancia de incorporar conocimientos comunitarios, perspectivas de género e interseccionales y criterios de cuidado y confidencialidad.

Uno de los principales hallazgos es que la erosión costera constituye un proceso progresivo y multicausal que ya ha provocado desplazamientos y mantiene un riesgo permanente de nuevas salidas, pero también de inmovilidad de quienes permanecen por su fuerte arraigo territorial. La comunidad ha desarrollado mecanismos propios de monitoreo de la erosión y propone una gestión autónoma del riesgo, combinando medidas de infraestructura, restauración ambiental, regulación, seguimiento y participación efectiva. Los impactos son diferenciados, especialmente para las mujeres y las nuevas generaciones, debido a la pérdida de actividades económicas, conocimientos y formas de relación con el territorio.

El diagnóstico jurídico identifica obligaciones derivadas del derecho internacional, regional y colombiano en materia de derechos humanos, cambio climático, gestión del riesgo, participación y protección de pueblos indígenas. Destacan los criterios de la Corte Constitucional de Colombia sobre desplazamiento asociado a desastres, cambio climático y degradación ambiental, así como la Ley 2577 de 2026, que reconoce específicamente este fenómeno y establece bases para una política pública. Sin embargo, el documento señala vacíos y dificultades en materia de prevención, participación efectiva, protección de las personas desplazadas y consideración de las dimensiones culturales y territoriales.

Finalmente, en la parte de recomendaciones, el documento plantea la necesidad de priorizar la prevención de nuevos desplazamientos y garantizar condiciones seguras de permanencia, proteger a las personas desplazadas y retornadas, asegurar la participación efectiva y el gobierno propio, fortalecer la gestión comunitaria del riesgo y establecer garantías adecuadas para cualquier eventual relocalización. El enfoque propuesto entiende la respuesta al riesgo climático no únicamente como una cuestión de infraestructura, sino como una obligación de derechos humanos que debe preservar el territorio, la cultura, los medios y modos de vida y la capacidad de decisión de la comunidad.